El gobierno de Río Negro confirmó la existencia de allanamientos en dependencias provinciales, luego de que inicialmente el gobernador Alberto Weretilneck negara cualquier procedimiento judicial en la Casa de Gobierno. El hecho se produjo tras la filtración de su recibo de sueldo, lo que derivó en una investigación interna y posterior denuncia penal contra un empleado estatal.

El martes por la noche, diversos medios reportaron que la Policía Federal había realizado un operativo en la sede gubernamental, información que fue desmentida de manera enfática por Weretilneck, quien atribuyó la noticia a una "operación política" y la calificó de "fake news". Sin embargo, ante la insistencia periodística y la presión de la oposición, el gobierno admitió al día siguiente que sí se habían realizado procedimientos, aunque aclaró que estaban vinculados a una denuncia propia por acceso indebido a sistemas informáticos y no a la causa AFA, como se había especulado inicialmente.

Según fuentes oficiales, la investigación comenzó cuando apareció una copia impresa del recibo de sueldo del gobernador en una dependencia pública. Las auditorías internas, con la colaboración de la empresa estatal Altec, permitieron identificar el equipo desde el cual se habría accedido a la información utilizando las credenciales del mandatario. El equipo fue resguardado y entregado a la Justicia para su peritaje, mientras que el empleado sospechado enfrenta un sumario administrativo y una denuncia penal.

El caso generó polémica por el manejo de la información oficial y las versiones cruzadas. Mientras algunos medios y sectores de la oposición cuestionaron la falta de transparencia y el cambio de versión del gobierno, desde el Ejecutivo se insistió en que toda la actuación se realizó dentro del marco legal. Expertos legales consultados plantearon dudas sobre la legalidad de la investigación interna y el resguardo de pruebas antes de la intervención judicial.

El episodio se produce en un contexto de tensión política en la provincia, tras previas filtraciones de contratos legislativos y en medio de sospechas sobre posibles operaciones políticas. La investigación judicial continúa para determinar el alcance de la filtración y las eventuales responsabilidades.