El empresario sanjuanino Elías Daher, titular de la firma Maderas Daher, fue detenido y enfrenta un mes de prisión preventiva tras ser imputado por múltiples delitos de estafa y defraudación. La jueza de Garantías, Flavia Allende, dictó la medida cautelar luego de una audiencia en la que se expusieron las acusaciones por retención indebida de una camioneta de alta gama y la emisión de cheques sin fondos.

La investigación, impulsada por el fiscal Nicolás Alvo y el ayudante fiscal Rodrigo Lafont, se originó a partir de la denuncia de un particular que pactó la compra de una camioneta Ford Ranger valuada en más de 50.000 dólares. Según la acusación, Daher habría recibido el pago y otros bienes como parte de la transacción, pero nunca entregó el vehículo. A este hecho se suman al menos cuatro nuevas denuncias por la emisión de cheques sin respaldo, con un monto total de cheques rechazados que asciende a 23 millones de pesos. Un informe del Banco Central indica que Daher acumularía 433 cheques rechazados, con una deuda estimada en alrededor de 2.000 millones de pesos.

La jueza Allende ordenó la inhibición general de bienes y el embargo de más de 20 cuentas bancarias, tanto personales como de la empresa Maderas Daher, para garantizar eventuales reparaciones económicas a las víctimas. La defensa, encabezada por Josela Echegaray Moya, intentó evitar la detención efectiva, pero la magistrada consideró que el riesgo procesal y la gravedad de los hechos justificaban la medida de coerción.

Daher ya contaba con antecedentes judiciales por hechos similares, incluyendo la compra de vehículos con cheques rechazados. En causas anteriores, se habían alcanzado acuerdos de reparación integral, aunque el cumplimiento de los mismos quedó bajo revisión judicial. Los denunciantes sostienen que no se trata de simples incumplimientos comerciales, sino de un esquema reiterado de estafa, en el que los cheques habrían sido utilizados como herramienta para concretar operaciones sin respaldo económico.

La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de ocho meses, mientras la Justicia busca asegurar el resarcimiento a las víctimas y evitar la fuga de activos. El caso ha generado preocupación en el sector comercial local y pone nuevamente bajo la lupa las prácticas financieras de algunos empresarios de la provincia.