Las declaraciones de las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo ante la Justicia marcaron un nuevo avance en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ambas mujeres, quienes financiaron la compra del departamento donde reside el funcionario en el barrio porteño de Caballito, aseguraron ante el fiscal Gerardo Pollicita que desconocían los detalles de la operación inmobiliaria y que fue gestionada por sus hijos y allegados.

Según fuentes judiciales, la operación se concretó en noviembre de 2025 por un valor de 230.000 dólares. Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, abonaron un adelanto de 30.000 dólares y el resto, 200.000 dólares, quedó financiado a devolver en un año, sin intereses. La escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación, sostuvo que el mecanismo utilizado es habitual y que no advirtió irregularidades en el proceso. “No hubo préstamos en efectivo, fue una compra venta con hipoteca por saldo de precio”, explicó.

Durante sus testimonios, tanto Viegas como Sbabo reiteraron que no conocían personalmente a Adorni y que confiaron en sus hijos para la gestión de la venta. Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas y amigo del funcionario, fue señalado como el principal intermediario en la operación. La Justicia investiga si los fondos utilizados por las jubiladas para financiar la venta tienen justificación y si Adorni puede acreditar la capacidad económica para afrontar estas y otras operaciones inmobiliarias, así como viajes al exterior.

En paralelo, la causa analiza otros préstamos privados recibidos por Adorni, como el otorgado por dos mujeres policías, quienes le prestaron 100.000 dólares con garantía hipotecaria y un interés anual del 11%. El fiscal Pollicita solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados para rastrear el origen de los fondos y determinar si existe un incremento patrimonial injustificado.

El caso ha generado repercusión mediática y política, con opiniones divididas sobre la transparencia de las operaciones y la situación patrimonial del jefe de Gabinete. La investigación continúa con nuevas declaraciones y medidas de prueba, mientras se espera que la Justicia determine si hubo irregularidades.