La Justicia federal investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito tras la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación, realizada en noviembre de 2025, involucra a dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes adquirieron la propiedad seis meses antes y luego la vendieron a Adorni por 230.000 dólares, tras realizar refacciones integrales.

Según fuentes judiciales, la investigación se centra en la diferencia de precios entre la compra original, realizada al exfutbolista Hugo Morales por 200.000 dólares, y la posterior venta a Adorni. Las refacciones incluyeron la renovación total de cocina, baños, pisos y cerramientos, lo que elevó el valor de la propiedad. Sin embargo, la Justicia busca determinar si la ganancia obtenida por las vendedoras es consistente con el monto invertido en las mejoras.

Durante las declaraciones en Comodoro Py, las jubiladas afirmaron desconocer detalles de la operatoria y señalaron a sus hijos, Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, como responsables de la gestión inmobiliaria. Feijoo, socio en una desarrolladora y constructora, figura en los registros de ingreso a Casa Rosada autorizado por Adorni semanas antes de la operación. La escribana Adriana Nechevenko, cercana a Adorni, intervino en la escrituración.

El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo ordenaron el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las vendedoras, para analizar la capacidad económica y el origen de los fondos. Además, se investiga la adquisición de otra propiedad y préstamos vinculados al funcionario, en un contexto de denuncias por inconsistencias patrimoniales y viajes al exterior.

El caso ha generado debate público sobre la transparencia y el control patrimonial de los funcionarios. Mientras la investigación avanza con nuevas citaciones, la Justicia busca esclarecer si existieron irregularidades en la operatoria y si el patrimonio de Adorni se corresponde con sus ingresos como funcionario público.