En los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, el gobierno argentino llevó adelante un recorte del gasto público sin precedentes, estimado en US$38.000 millones, según informes del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y diversas consultoras. Esta reducción, que representa una caída del 27% respecto a los niveles de 2023, se tradujo en una baja del gasto primario nacional de $185 a $134 billones.

Los rubros más afectados por la llamada "motosierra" fueron las transferencias de capital a provincias, que cayeron un 93,8%, los subsidios a otras funciones (-83,9%) y la inversión real directa (-73,5%). El gasto en programas sociales, incluyendo bonos a jubilados y pensionados, se redujo en $10,5 billones, mientras que los subsidios a la energía y la inversión real directa bajaron $8,8 y $8,3 billones respectivamente. El gasto salarial estatal también sufrió una merma del 26%, producto de la reducción de puestos y la caída de los salarios.

En contraste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue el único ítem que registró un aumento real, creciendo un 70% en términos ajustados por inflación. Esta recomposición, junto con la baja de la inflación y la creación de empleo informal, es señalada por analistas como una de las razones de la reducción de la pobreza al 27,5% en el tercer trimestre de 2025.

El ajuste fue especialmente intenso en 2024, con una baja de 6,3 puntos porcentuales del PBI respecto al año anterior. El nivel actual del gasto público, equivalente al 31,4% del PBI, es el más bajo desde 2008. El gobierno logró alcanzar un superávit fiscal de entre 1,3% y 1,5% del PBI en 2025, cumpliendo así con las metas pactadas con el FMI.

Sin embargo, el recorte tuvo impactos desiguales en el territorio nacional. En provincias como Misiones, la caída del 44,6% en el gasto de PAMI afectó a más de 140 mil beneficiarios, mientras que la paralización de la obra pública incrementó el desempleo. Las universidades nacionales sufrieron recortes del 96,7% y los subsidios al transporte cayeron un 47,8%.

Desde el oficialismo se destaca la recomposición de haberes jubilatorios y el control de la inflación, mientras que organismos como el CEPA advierten sobre el impacto negativo en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo social. El gobierno anticipa que los recortes continuarán, reafirmando su compromiso con el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica.