Varios municipios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Cañuelas, Ramallo y Coronel Suárez, avanzan en la implementación de una tasa vial del 1% al 2% sobre la venta de combustibles líquidos y gas natural comprimido. La medida, impulsada por los intendentes locales, busca reforzar la recaudación municipal en un contexto de caída de ingresos por tasas tradicionales.

En Cañuelas, la intendente Marisa Fassi propuso un recargo de hasta el 2% sobre el precio de los combustibles, que será retenido por las estaciones de servicio y destinado al mantenimiento vial. Según estimaciones oficiales, la recaudación podría alcanzar hasta 2.000 millones de pesos anuales, lo que representaría hasta el 4% del presupuesto municipal. La ordenanza ya cuenta con media sanción y se espera su aprobación definitiva en la Asamblea de Mayores Contribuyentes.

En Ramallo y Coronel Suárez, los jefes comunales Mauro Poletti y Ricardo Moccero impulsan iniciativas similares, con tasas del 2%. "Es una gota en el mar lo que se va a cobrar", afirmó Poletti, minimizando el impacto en el precio final para los consumidores.

Sin embargo, la medida ha generado polémica. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, sostiene que la tasa es ilegal por superponerse con impuestos nacionales y ha iniciado acciones judiciales contra municipios que la aplican. "Sumar uno más distorsiona los precios y genera desigualdades competitivas entre distritos", advirtió Fernando Rolando, gerente de la Federación de Empresarios de Combustibles.

Dirigentes locales y empresarios advierten que el recargo podría trasladarse a precios y afectar la competitividad, especialmente en municipios con alto tránsito de transporte de carga. El debate se enmarca en una ofensiva del Ejecutivo nacional para transparentar y reducir los gravámenes municipales, con la amenaza de sanciones y la habilitación de canales de denuncia.

El futuro de la tasa vial dependerá de la aprobación definitiva en los concejos deliberantes y de la resolución de los conflictos legales planteados por el Gobierno nacional, en un contexto de fuerte presión sobre las finanzas municipales y tensiones entre los distintos niveles del Estado.