El proceso de juicio político contra la jueza Susana Medina, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, quedó envuelto en una fuerte controversia política tras la desestimación de las denuncias en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. La falta de quórum, producto de la ausencia del bloque del PJ, impidió que el dictamen fuera tratado en el recinto, profundizando la tensión entre oficialismo y oposición.

Medina enfrentaba tres denuncias por mal desempeño, centradas en sus ausencias prolongadas de la jurisdicción y presuntos atrasos en la tramitación de causas. Sin embargo, el dictamen oficialista rechazó enfáticamente las acusaciones, argumentando que las licencias de la magistrada estaban debidamente autorizadas y que no existían pruebas de incumplimiento funcional. “Reunirse con sus pares, realizar capacitaciones, integrar institutos de estudios, presidir una asociación ad-honorem, viajar sola y/o acompañada por su esposo o amigos en viajes privados, bajo ningún aspecto se puede considerar una falta ética o mal desempeño”, señala el dictamen.

La oposición, encabezada por el PJ, se negó a participar de las últimas instancias del proceso, denunciando un “tratamiento express” y reclamando mayor tiempo para el debate y la transparencia. “No estamos de acuerdo con los tiempos de resolución y emisión del dictamen. Nos parece que se debería seguir analizando y evaluando la documentación”, expresaron en un comunicado.

Por su parte, organizaciones civiles y denunciantes, como la presidenta de la ONG “Entre Ríos sin corrupción”, Fabiana Cian, lamentaron la falta de investigación y denunciaron presuntos arreglos políticos. “Lo que trasciende es que no se va a llegar a buen puerto en esto cuando ni siquiera investigaron y creo que están desoyendo a la población”, afirmó Cian.

El proceso, que debía resolverse antes del 5 de enero, se desarrolló en un contexto de negociaciones políticas y reclamos gremiales en la provincia. La jueza Medina, por su parte, negó todas las acusaciones y advirtió que, de ser necesario, recurriría a instancias superiores para defender su nombre. El caso, que generó amplio debate público, deja en evidencia la compleja relación entre los poderes del Estado y la demanda social de mayor transparencia institucional.