Una serie de allanamientos simultáneos en la ciudad de Concordia y la zona del lago Salto Grande reveló una compleja trama de lavado de activos, robo y venta de camionetas de alta gama, y cambio ilegal de divisas. Los procedimientos, realizados el viernes 26 de diciembre, fueron ordenados por el juez federal Hernán Viri y la fiscal Josefina Minatta, y ejecutados por la Policía de Entre Ríos junto a la Prefectura Naval Argentina.

Las investigaciones, que comenzaron hace aproximadamente cuatro años, se intensificaron en 2023 tras el secuestro de camionetas robadas en la provincia de Buenos Aires y comercializadas en Concordia. Las pesquisas apuntaron a Juan Antonio Carniel y su cuñado Manuel Centurión, quienes ostentaban un alto nivel de vida sin actividad económica legal conocida. Ambos residían en barrios privados, poseían propiedades con vistas al lago, yates, vehículos de lujo y realizaban frecuentes viajes al exterior.

Durante los allanamientos, se secuestraron dos camionetas Toyota Hilux con pedido de secuestro vigente, una Dodge RAM, una motocicleta Honda Wave, un motor fuera de borda, una moto de agua, dos yates, autopartes de vehículos de alta gama, armas de fuego, dispositivos electrónicos y grandes sumas de dinero en pesos argentinos, dólares, euros y pesos uruguayos. En la Isla Salvatore, los efectivos hallaron lo que describieron como un "desarmadero de lujo".

La investigación también puso el foco en el entorno familiar de los sospechosos, ya que dos hijos de Centurión trabajan en la Justicia local, lo que generó un fuerte impacto institucional. Según fuentes judiciales, "la falta de correlato entre los ingresos declarados y el patrimonio acumulado reforzó la hipótesis de lavado de dinero".

La causa, que unificó investigaciones federales y provinciales, expone la existencia de una organización dedicada al robo, adulteración y comercialización de vehículos, así como al blanqueo de dinero proveniente de estas actividades. Hasta el momento no hay detenidos, pero tanto Carniel como Centurión quedaron supeditados a la causa, mientras la Justicia continúa analizando el material secuestrado y no descarta nuevas medidas.

El caso ha generado gran repercusión en Concordia, tanto en el ámbito judicial como social, y pone nuevamente en el centro del debate la problemática del delito organizado y el lavado de activos en la región.