La provincia de Santa Fe cuenta desde esta semana con una nueva Ley de Procedimiento Administrativo, tras su aprobación unánime en ambas cámaras legislativas. La norma, que entró en vigencia al día siguiente de su publicación, abarca a la administración pública provincial, órganos legislativos y judiciales, así como a entes públicos no estatales que ejerzan potestades públicas.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y acompañada por proyectos de la oposición, se enmarca en un proceso sostenido de modernización y reforma del Estado. Según el mensaje oficial, la ley busca dotar a los órganos provinciales de un régimen procedimental integral, moderno y claro, adaptado a los desafíos tecnológicos y organizacionales actuales. "La actividad administrativa en general y sus procedimientos se deben desarrollar conforme a los principios generales de juridicidad, razonabilidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia, buena fe, transparencia, simplificación, desburocratización, confianza legítima y buena administración", establece el artículo 2 de la norma.

Entre sus principales innovaciones, la ley incorpora la digitalización de trámites, la validez de la firma digital, el expediente electrónico y el domicilio digital, en línea con las exigencias del gobierno digital. Además, habilita el uso de sistemas de inteligencia artificial con fines asistenciales o de apoyo, siempre que no sustituyan el criterio humano en la toma de decisiones y se respeten las normas de protección de datos personales.

El ministro de Gobierno e Innovación, Fabián Bastia, calificó la sanción como "un paso decisivo hacia la consolidación de un Estado inteligente, eficiente y garantista". La ley también regula la participación de usuarios y consumidores en los trámites estatales y el funcionamiento de audiencias públicas, consolidando la apertura y transparencia de la administración.

La nueva norma unifica y amplía decretos previos, como el Decreto Acuerdo Nº 4174/2015, el programa "Territorio 5.0" y el Programa Simple, orientados a la simplificación y digitalización de la gestión pública. El consenso alcanzado en la Legislatura refleja el respaldo político a la modernización del Estado y la búsqueda de mayor previsibilidad y seguridad jurídica en la relación entre el Estado y la ciudadanía. Se espera que la implementación de la ley fortalezca la eficiencia administrativa y la tutela efectiva de los derechos ciudadanos en Santa Fe.