El presidente Javier Milei vetó la ley que establecía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, una medida que profundiza la disputa entre el Gobierno nacional y los gobernadores. La decisión, tomada al filo del plazo legal, fue interpretada como un retroceso en la estrategia de diálogo que el Ejecutivo había intentado retomar tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.

La ley, impulsada por todos los gobernadores y aprobada por el Congreso, buscaba que los fondos de ATN —que representan el 1% de la masa coparticipable de impuestos federales— se distribuyeran automáticamente y no de manera discrecional, como ocurre actualmente. Según datos de Politikón Chaco, solo el 7% de los ATN se distribuyó en 2024 y ocho distritos no recibieron transferencias.

El Gobierno justificó el veto argumentando que la norma privaba al Estado nacional de una herramienta clave para responder a emergencias y desequilibrios financieros. "ATN se veta. Pero no es un capricho que se nos ocurre a nosotros", afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien sostuvo que la ley limitaba la capacidad de acción inmediata del Ejecutivo.

La reacción de los gobernadores fue inmediata. Sergio Ziliotto, mandatario de La Pampa, expresó: "Por más que repitan su relato, esta ley no afecta el supuesto equilibrio fiscal. Son recursos que legítimamente pertenecen a las provincias y que el Gobierno nacional retiene y se apropia de forma ilegal". Otros gobernadores y legisladores de la oposición también repudiaron la medida y anticiparon que buscarán revertir el veto en el Congreso.

El Senado, cámara de origen de la ley, ya advirtió que cuenta con los dos tercios necesarios para rechazar el veto en la sesión prevista para el 18 de septiembre. Un día antes, la Cámara de Diputados intentará hacer lo propio con los vetos a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica.

El conflicto por los ATN se suma a una serie de tensiones entre la Nación y las provincias, agravadas por la suspensión de la obra pública y la caída de transferencias de fondos. El Gobierno, enfocado en mantener el superávit fiscal, ha priorizado el ajuste sobre el diálogo federal, lo que ha deteriorado la relación con los mandatarios provinciales. El desenlace de este enfrentamiento podría tener consecuencias directas en la gobernabilidad y en el escenario político de cara a las próximas elecciones nacionales.