La Justicia argentina investiga el viaje privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este, Uruguay, realizado durante el último fin de semana largo de carnaval. El caso, que involucra a su familia y al periodista Marcelo Grandio, amigo personal de Adorni, ha generado un fuerte revuelo político y social, poniendo en duda la transparencia de los funcionarios públicos.

Según fuentes judiciales, las facturas de los vuelos privados, tanto de ida como de regreso, están en poder del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita. El vuelo de ida fue pagado por la productora Imhouse, propiedad de Grandio, mientras que el regreso formó parte de un paquete de diez viajes facturados a Agustín Issin Hansen, un tercero con domicilio en Uruguay. El monto del vuelo de ida ascendió a 4.830 dólares, transferidos en pesos, mientras que el paquete del regreso fue de 42.250 dólares.

La investigación busca determinar si existió un posible delito de dádivas o enriquecimiento ilícito, ya que la denuncia sostiene que el gasto por el vuelo privado excede ampliamente la capacidad económica de Adorni, cuya remuneración ronda los 3,5 millones de pesos mensuales. Además, se han solicitado registros de cámaras de seguridad del aeropuerto de San Fernando, documentación de la empresa Alpha Centauri S.A. y controles de Aduana y Migraciones para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado.

Marcelo Grandio, por su parte, ofreció versiones contradictorias sobre el pago del viaje. Inicialmente afirmó que Adorni pagó con fondos estatales, pero luego sostuvo que ambos compartieron los gastos. "Cada uno pagó su parte. Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte", declaró Grandio a medios locales.

El escándalo ha impactado en la imagen del Gobierno, que se ha presentado como abanderado de la lucha contra la corrupción y el uso indebido de fondos públicos. En el entorno presidencial se debate la continuidad de Adorni, mientras la oposición impulsa nuevas denuncias y la sociedad expresa su rechazo ante el caso.

El desenlace de la investigación podría tener consecuencias significativas para la administración de La Libertad Avanza, en un contexto de creciente malestar social y dificultades económicas.