El hallazgo del cuerpo de Eduardo Saúl De Francesco, jubilado de 77/79 años, puso fin a cuatro días de intensa búsqueda en Zárate y la región. De Francesco había sido visto por última vez el jueves por la noche, cuando subía a un automóvil en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en la calle Valentín Alsina al 1000. La desaparición movilizó a familiares, vecinos y autoridades, quienes organizaron marchas y rastrillajes en la zona.

Este domingo, la policía confirmó el peor desenlace: el cuerpo del jubilado fue encontrado en un descampado a la altura del kilómetro 121 de la Ruta 9, cerca de Baradero. La investigación, a cargo de la DDI Zárate-Campana, rápidamente identificó a los presuntos responsables gracias a imágenes de cámaras de seguridad y testimonios. Entre los detenidos se encuentran una oficial de la Policía Bonaerense, su pareja —agente municipal del Centro de Operaciones de Zárate—, un tercer sospechoso de nacionalidad peruana y un cuarto implicado.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un crimen con móvil económico. Los acusados habrían engañado a De Francesco con una invitación falsa y lo abordaron cerca de su casa, con la intención de robarle una suma de dinero que creían guardaba en su domicilio. Tras el secuestro, intentaron ingresar a la vivienda, pero por error fueron a la puerta de su hermano. No hubo pedido de rescate, por lo que la causa fue caratulada como "privación ilegítima de la libertad con fines de robo".

El municipio de Zárate suspendió al agente involucrado y puso a disposición de la Justicia registros internos y material de videovigilancia. El intendente Marcelo Matzkin expresó su pesar por el hecho y aseguró que "quienes resulten responsables merecen la peor de las penas". La familia de la víctima fue notificada de cada avance en la investigación.

El caso generó conmoción en la comunidad, que se autoconvocó para exigir justicia y mayor seguridad. La participación de agentes de seguridad entre los acusados profundizó el impacto social y abrió el debate sobre los controles en la incorporación de personal a organismos públicos. La investigación continúa bajo secreto de sumario, mientras se esperan nuevas pericias y declaraciones que permitan esclarecer el grado de participación de cada detenido y las circunstancias exactas del crimen.