La declaración de Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal Oral Federal 7 en la causa conocida como "los cuadernos de las coimas" volvió a sacudir el escenario político argentino. La expresidenta, acusada de liderar una asociación ilícita vinculada al cobro de sobornos en la obra pública, apuntó contra el funcionamiento de la Justicia y mencionó un episodio que involucra al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

Durante su exposición, Kirchner relató un encuentro en Pinamar entre el fiscal Carlos Stornelli, el falso abogado Marcelo D’Alessio y el empresario Pedro Etchebest. Según la exmandataria, en esa reunión se habría solicitado a Etchebest una suma de 300 mil dólares para no ser involucrado en la causa, mostrando un cuaderno negro con la cifra anotada. Kirchner aludió a un tercer participante, identificado como "Gustavo", a quien D’Alessio habría presentado como el "cajero" de la causa y aspirante a gobernador, en referencia a Sáenz.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, reforzó las acusaciones al publicar en redes sociales una fotografía de Sáenz junto a Stornelli y D’Alessio, y criticó la falta de garantías procesales para Kirchner. Mendoza sostuvo que las causas judiciales se utilizan para condicionar a dirigentes políticos y denunció un show mediático para distraer de la situación económica y social del país.

Gustavo Sáenz respondió rápidamente a través de sus redes sociales, negando cualquier vinculación con el caso y calificando las acusaciones de "mentiras y difamaciones". El gobernador recordó que la Justicia lo desvinculó formalmente de la causa D’Alessio y acusó a Kirchner de intentar ensuciar su nombre por motivos políticos. Sáenz también mencionó que nunca fue imputado y que se presentó voluntariamente ante la Justicia para aclarar su situación.

El juez federal Alejo Ramos Padilla, quien investigó el caso D’Alessio, resolvió años atrás desvincular a Sáenz de las acusaciones, y así lo expresó en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el episodio volvió a la agenda pública tras la declaración de Kirchner, reavivando el debate sobre la independencia judicial y el uso político de las investigaciones.

El caso D’Alessio, que investiga presuntas maniobras de extorsión y espionaje ilegal, sigue generando controversia y dividiendo opiniones en la política argentina. Mientras algunos sectores denuncian persecución y manipulación judicial, otros insisten en la necesidad de esclarecer los hechos y sancionar la corrupción. El impacto de estas acusaciones y respuestas podría tener consecuencias en el escenario político y judicial en los próximos meses.