El sistema universitario argentino atraviesa una de sus crisis más profundas tras el inicio de un paro nacional de docentes y no docentes que afecta a más de 60 universidades públicas en todo el país. La medida, impulsada por gremios como ADUBA, APUBA, CONADU y Conadu Histórica, responde a la falta de actualización salarial, el recorte presupuestario y la ausencia de diálogo con el Gobierno nacional.

Durante la semana, la protesta se hizo visible en distintas ciudades. En La Plata, la comunidad universitaria realizó una marcha de antorchas para reclamar mayor financiamiento y mejores condiciones laborales. En Córdoba, docentes, estudiantes y médicos residentes organizaron clases públicas y cortes de calle, denunciando el impacto del ajuste en los hospitales universitarios y en la vida académica.

El conflicto se intensificó luego de que el Gobierno, a través de un proyecto de reforma a la ley de Financiamiento Universitario, intentara buscar una salida a la judicialización de los fondos. Sin embargo, la iniciativa no logró consenso entre los rectores ni en el Congreso, y enfrenta el rechazo de sectores que exigen el cumplimiento de la ley vigente. "Estamos en el peor escenario, con una ley judicializada y que el Gobierno no va a aplicar", señalaron fuentes universitarias citadas por Clarín.

Según datos de los gremios, los salarios docentes han perdido hasta un 40% de poder adquisitivo desde 2024, mientras que el presupuesto para hospitales universitarios cayó un 30% respecto al año anterior. "No hay una posibilidad de sentarnos a dialogar sobre los problemas que existen en las universidades argentinas", afirmó Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, en declaraciones a Infobae.

El Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires han ratificado su demanda de cumplimiento de la ley y declarado la emergencia en los hospitales universitarios. Por su parte, el Gobierno sostiene que busca una "solución intermedia", aunque enfrenta críticas por la falta de avances concretos y la ausencia de canales formales de negociación.

El conflicto amenaza con profundizarse si no se reabren las negociaciones salariales y se restablece el financiamiento adecuado. La comunidad universitaria advierte sobre el riesgo para la educación pública y la formación de profesionales, mientras se preparan nuevas medidas de fuerza en caso de no obtener respuestas satisfactorias.