El Consejo de la Magistratura de la Nación avanzó este martes en el proceso de juicio político contra dos jueces federales, Alfredo López, de Mar del Plata, y Pablo Díaz Lacava, de La Pampa, tras aprobar los dictámenes acusatorios por graves denuncias de antisemitismo, violencia de género y acoso laboral. La decisión final sobre su suspensión y envío a un jury de enjuiciamiento quedará en manos del Plenario del organismo, que requiere una mayoría de dos tercios para proceder.

Alfredo López, titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, fue acusado de publicar mensajes antisemitas y discriminatorios en la red social X, hechos que él mismo reconoció ante el Consejo. Según el dictamen, sus expresiones violan compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, y principios constitucionales de igualdad y respeto. El consejero Luis Juez afirmó: “Un magistrado no puede sembrar odio ni discriminar. Cuando un juez deja de garantizar la imparcialidad, falla a la institución”.

Por su parte, Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, enfrenta acusaciones de violencia y acoso laboral, así como violencia de género hacia empleadas de su tribunal. Testimonios y peritajes forenses confirmaron el daño sufrido por las víctimas, y el caso también se tramita en la justicia penal, ya en etapa de juicio oral. Díaz Lacava negó haber cometido delitos y pidió disculpas, aunque los consejeros consideraron que las pruebas reunidas justifican avanzar en su remoción.

Ambos casos han generado un fuerte debate sobre la ética y la conducta de los magistrados en Argentina. Organizaciones como el Foro Argentino Contra el Antisemitismo han respaldado la decisión del Consejo, subrayando la importancia de erradicar la discriminación en las instituciones. El proceso, que ahora depende del Plenario del Consejo de la Magistratura, es visto como un paso clave para reforzar la confianza pública en la Justicia y garantizar la igualdad ante la ley. De aprobarse el envío a juicio político, los jueces serán suspendidos y juzgados por mal desempeño, en un contexto de creciente escrutinio sobre la conducta judicial en el país.