Un hombre de 45 años, identificado como Juan Gabriel González, falleció el pasado 25 de diciembre en el Barrio 20 de Villa Lugano tras un operativo policial que buscaba controlar una pelea vecinal. El hecho ocurrió cerca de las 13 horas en la intersección de Chilavert y Araujo, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad intervinieron ante un llamado por disturbios. Según testigos y videos difundidos, González fue alcanzado por un disparo en el tórax durante un forcejeo con los agentes.

La versión policial indica que se utilizaron armas antidisturbios y que la intervención respondió a una pelea entre vecinos. Sin embargo, familiares y allegados de la víctima sostienen que González no estaba armado y denuncian un caso de "gatillo fácil". La abogada de la familia, Romina Ávila, afirmó que la lesión mortal fue causada por un disparo policial y que la víctima recibió además golpes y palazos. "La causal de fallecimiento queda muy clara cuando se ve en el video que baja un efectivo de la Policía de la Ciudad con su escopeta en mano y va directamente a tirar contra Gabriel", declaró Ávila.

El caso está siendo investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que delegó las actuaciones en la División Homicidios de la Policía Federal Argentina. Siete policías están involucrados en el episodio, y uno de ellos fue imputado por encubrimiento. La Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad abrió un sumario administrativo para determinar la actuación del personal policial.

Tras el hecho, familiares, vecinos y organizaciones sociales realizaron una marcha para exigir justicia y el esclarecimiento del caso. "Un barrio entero fue testigo de lo que considero, sin dudas, un grave caso de gatillo fácil", expresó un primo de la víctima en redes sociales. La Secretaría de Derechos Humanos de la UTE también convocó a movilizaciones y denunció el accionar policial.

La autopsia y los peritajes judiciales serán claves para determinar la causa de la muerte y las responsabilidades. El caso se suma a otros episodios de violencia institucional denunciados en barrios populares de Buenos Aires, generando preocupación y reclamos por parte de la sociedad civil y organismos de derechos humanos.