El Gobierno nacional dispuso la reducción a cero por ciento de los derechos de exportación para granos y subproductos agroindustriales, según lo publicado en el Boletín Oficial el 22 de septiembre de 2025. La medida, que busca fortalecer la competitividad y el desarrollo del sector, estará vigente hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se alcancen exportaciones por un monto equivalente a siete mil millones de dólares estadounidenses, lo que ocurra primero.

Durante el año 2024, el sector agroindustrial experimentó un crecimiento significativo, con un aumento del 56% en el volumen exportado y del 26% en el valor de las exportaciones. En los primeros siete meses de 2025, la tendencia positiva continuó, destacándose el complejo trigo con un incremento del 31%, el girasol con un 25%, el aceite de soja con un 6% y el maíz con un 3%. El sector agroindustrial representa una de las principales fuentes de generación de divisas para el país, con exportaciones anuales cercanas a los 48.000 millones de dólares, de los cuales el 50% corresponde a las cadenas de granos.

El decreto establece que los exportadores deberán liquidar al menos el 90% de las divisas obtenidas en un plazo de hasta tres días hábiles tras la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de incumplimiento, se aplicará la alícuota vigente antes de la entrada en vigor de la medida y se perderá el beneficio de la reducción. Además, el Banco Central, la Secretaría de Agricultura y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero dictarán las normas complementarias necesarias para la aplicación efectiva del decreto.

El Gobierno considera que los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo y sostiene que, en la medida en que el ordenamiento fiscal lo permita, deben ser reducidos hasta su eventual eliminación. La medida se enmarca en una política de mayor apertura comercial y promoción de cadenas de valor estratégicas, alineada con los principios de libertad económica. El Congreso de la Nación, a través de la Comisión Bicameral Permanente, tiene competencia para pronunciarse sobre la validez del decreto, conforme a la Ley 26.122.

La decisión oficial busca dotar de mayor competitividad a uno de los sectores más dinámicos del país y potenciar el desarrollo regional, en un contexto de oscilación de los precios internacionales y necesidad de fortalecer la estabilidad macroeconómica.