El gobierno de Entre Ríos decidió no renovar alrededor de 100 contratos temporarios en la administración pública provincial, lo que representa menos del 6% de los aproximadamente 1.700 contratos vigentes. La medida, oficializada mediante el Decreto 3817 y firmada por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso, fue justificada por el Ejecutivo como parte de un proceso de ordenamiento, revisión y fortalecimiento del Estado provincial.

Según fuentes oficiales, la renovación de contratos se basó en criterios objetivos y descentralizados, evaluando el cumplimiento de tareas, desempeño laboral, compromiso con el servicio público, asistencia y la necesidad real del puesto en el marco de la reorganización administrativa. “No se trata de despidos, sino de una decisión de no renovación de una parte acotada de los contratos temporarios vigentes, cuya naturaleza jurídica es de plazo determinado y sujeta a evaluación periódica”, aclaró el gobierno.

Sin embargo, la decisión generó un fuerte rechazo por parte de sindicatos y organismos de derechos humanos. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un plan de lucha por tiempo indeterminado, que incluye asambleas, retención de servicios y movilizaciones en distintos puntos de la provincia. El gremio sostiene que la medida pone en riesgo la estabilidad laboral de los agentes y la prestación de servicios esenciales. “La no renovación de contratos dejaría a cientos de familias sin su única fuente de ingresos, generando un grave daño social”, advirtió ATE en un comunicado.

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos denunció el desmantelamiento de áreas clave, como el Registro Único de la Verdad, donde el 59% del personal quedaría sin trabajo. “Vaciar o precarizar el Registro Único de la Verdad no constituye un simple ajuste administrativo: es un ataque directo a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, señalaron.

El Consejo Departamental Paraná del PJ también repudió la medida, calificándola de “disciplinadora” y acusando al gobierno de perseguir a los trabajadores estatales. Mientras tanto, el Ejecutivo provincial insiste en que la renovación de contratos no es un derecho adquirido ni automático, sino una decisión fundada en la necesidad de asegurar el normal funcionamiento del Estado y administrar con responsabilidad los recursos públicos.

El conflicto permanece abierto, con medidas de fuerza en curso y reclamos de reincorporación de los trabajadores afectados. La situación pone en debate la estabilidad laboral en el sector público y el impacto de las políticas de ajuste en áreas sensibles para la sociedad entrerriana.