El Gobierno argentino ha implementado una serie de retrasos en pagos y transferencias para cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en un contexto de caída de la recaudación. Según datos de la Tesorería General de la Nación, la deuda flotante por transferencias de la Administración Central creció un 60% interanual en febrero, alcanzando los $1,02 billones. Esta situación ha impactado en subsidios, envíos a provincias, municipios, universidades, empresas públicas y organismos como el PAMI.

El presidente Javier Milei reafirmó ante empresarios estadounidenses su compromiso con la política de superávit fiscal y reducción del gasto público. "En la última reunión de Gabinete insistí en que la motosierra no para. Vamos a seguir recortando el gasto público para seguir bajando los impuestos, porque los impuestos son un robo", declaró Milei durante el AmCham Summit 2026.

Las demoras en los pagos han generado consecuencias directas, como la disminución de frecuencias y paros en el transporte público, así como protestas de médicos del PAMI por falta de cobro. Graciela Ocaña, legisladora y ex titular del PAMI, criticó la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, señalando que "está pisando los fondos del PAMI, los distritos y el transporte para dibujar el superávit fiscal". Por su parte, el economista Lorenzo Sigaut Gravina explicó que "para sostener el pilar del superávit primario hay que frenar pagos" y advirtió que, de haberse realizado los pagos, el gasto podría haber superado los ingresos.

El resultado fiscal positivo del primer trimestre, con un superávit primario de $4,5 billones, se logró también gracias a ingresos extraordinarios provenientes de privatizaciones y rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El ministro Caputo, tras obtener la aprobación técnica del FMI, espera la aprobación del Directorio para un desembolso de u$s1.000 millones. Se prevé que, una vez cumplidas las metas y asegurado el desembolso, el Gobierno regularice parte de los pagos atrasados, aunque persisten tensiones con sectores afectados por los recortes.