Intendentes bonaerenses de diferentes partidos políticos intensificaron en los últimos días sus reclamos al gobernador Axel Kicillof y al gobierno nacional, ante la crítica situación financiera que atraviesan los municipios por la caída de la recaudación y la baja en los fondos de coparticipación. La preocupación principal radica en la posibilidad de no poder afrontar el pago de sueldos y servicios esenciales en los próximos meses.

En reuniones mantenidas con el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, representantes del Foro de Intendentes Radicales solicitaron que los fondos provenientes del endeudamiento provincial, actualmente restringidos en un 30% para programas específicos, sean de libre disponibilidad. "Estamos al límite, tanto de uno como de otro partido, no va a haber diferencias partidarias, es común a todos", expresó Franco Flexas, intendente de General Viamonte, a La Política Online.

El Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal, creado a fines de 2025, distribuye el 70% de sus recursos de manera libre entre los municipios, mientras que el 30% restante está destinado a infraestructura, transporte y cultura. Los intendentes argumentan que la flexibilización de estos fondos es crucial para afrontar gastos corrientes, especialmente ante la falta de señales de reactivación económica y el aumento de costos, como el de los combustibles.

La Federación Argentina de Municipios, que agrupa a jefes comunales de todo el país, prepara una movilización al Ministerio de Economía nacional para exigir respuestas ante el ajuste y la caída de recursos. "El abandono con Santa Cruz es total", afirmó Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, a TN, reflejando el malestar generalizado.

El contexto nacional, marcado por proyecciones de mayor inflación, desempleo y menor crecimiento, agrava la situación de los municipios bonaerenses, que además no reciben asistencia extraordinaria del tesoro nacional. Analistas advierten que, de no mediar una solución, la tensión política y social podría incrementarse en las próximas semanas, poniendo en riesgo la prestación de servicios básicos y el pago de salarios en varias localidades.

La situación plantea un desafío urgente para el gobierno provincial y nacional, que deberán buscar consensos legislativos y financieros para evitar una crisis mayor en el ámbito municipal.