Productores agropecuarios y vecinos del partido bonaerense de 9 de Julio protagonizaron este lunes una protesta frente a la municipalidad, en reclamo por la grave situación de inundaciones que afecta a la región desde hace meses. La manifestación, que incluyó la quema de neumáticos y momentos de alta tensión, fue impulsada principalmente por habitantes de la localidad de Carlos María Naón, quienes denunciaron la intransitabilidad de los caminos rurales y la falta de respuestas oficiales.

El conflicto escaló cuando los manifestantes exigieron ser recibidos por la intendenta María José Gentile, del PRO, quien no se encontraba en el edificio. En su lugar, un funcionario de segunda línea intentó contener los reclamos, pero la bronca acumulada derivó en un fuerte cruce verbal, que rápidamente se viralizó en redes sociales. "No jueguen con la vida de los seres humanos", exclamó uno de los productores, visiblemente afectado por la situación.

La protesta se produce en un contexto de crisis hídrica que, según relevamientos de entidades rurales, afecta a más de 1,5 millones de hectáreas en el centro bonaerense, con graves consecuencias para la producción agropecuaria y la vida cotidiana de las comunidades rurales. Los productores aseguran que desde marzo han agotado todas las instancias institucionales posibles, sin obtener soluciones concretas.

En paralelo, un grupo de productores presentó una denuncia penal contra la intendenta Gentile y otros funcionarios, acusándolos de "estrago, omisión impropia e incumplimiento de los deberes de funcionario público". La denuncia apunta también al Comité de Cuenca A3 del río Salado, que no sesiona desde mayo pese a los informes técnicos que advertían sobre el riesgo de nuevas inundaciones.

El gobierno bonaerense, por su parte, anunció la asignación de fondos y el envío de maquinaria para mejorar los caminos rurales, aunque los productores consideran que las medidas llegan tarde y exigen un plan de acción inmediato. La Sociedad Rural local, si bien reconoció la gravedad del reclamo, se desmarcó de la modalidad de protesta adoptada por algunos manifestantes.

El conflicto en 9 de Julio refleja una problemática histórica de infraestructura rural y desatención estatal, agravada por la falta de ejecución de fondos específicos para obras hídricas. Con la llegada de nuevas lluvias y la persistencia de los anegamientos, la tensión social y política en la región amenaza con escalar si no se implementan soluciones de fondo.