El comisario retirado Diego José Álvarez, absuelto en el juicio por la muerte de Franco Casco, presentó una denuncia penal contra el fiscal federal Fernando Arrigo por presunto mal desempeño en la investigación del caso. La denuncia, formalizada ante el procurador general de la Nación, sostiene que Arrigo utilizó afirmaciones falsas, incompletas y contradictorias, además de ocultar pruebas que habrían favorecido a los policías acusados.

La causa por la muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014 en Rosario, ha sido motivo de controversia desde sus inicios. Casco fue detenido por personal de la Comisaría 7ª y liberado esa misma noche; días después, su cuerpo fue hallado en el río Paraná. En 2023, tras un extenso juicio oral, el Tribunal Oral Federal número 2 absolvió a 19 policías y a un vecino, pero la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión tras un recurso presentado por la fiscalía y las querellas.

Según la denuncia de Álvarez, la fiscalía ocultó pruebas documentales y videos que mostraban a Casco caminando tras su liberación, y basó la acusación principalmente en el testimonio de un detenido, Pablo Arguello, cuya declaración presenta contradicciones. Además, se cuestiona que Arrigo haya fundamentado su recurso casi exclusivamente en la pericia de la médica Virginia Creimer, ignorando las conclusiones coincidentes de otros forenses que descartaron lesiones traumáticas y orientaron el diagnóstico hacia asfixia por sumersión.

El abogado defensor de Álvarez, Rodrigo Mazzuchini, afirmó: "No hay ninguna prueba objetiva que hable de una muerte violenta" y criticó la actuación del fiscal por "inducir a la Cámara de Casación a dictar una resolución contraria a las pruebas presentadas en juicio". La denuncia también solicita la apertura de un sumario administrativo disciplinario y la evaluación de posibles delitos por parte de los fiscales involucrados.

Hasta el momento, la Procuración General de la Nación no ha emitido una respuesta oficial. El caso Casco continúa abierto y sin una nueva resolución judicial, manteniendo la atención pública y el debate sobre el accionar judicial y policial en Rosario.