Una protesta de cooperativistas frente a la Municipalidad de La Plata, realizada el viernes 26 de junio, terminó en graves incidentes que incluyeron destrozos, quema de neumáticos y enfrentamientos con la policía bonaerense. El reclamo surgió tras la decisión del municipio, encabezado por Julio Alak, de reemplazar la contratación directa de cooperativas para tareas de limpieza y reciclado por un sistema de licitación pública, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades y una intimación del Tribunal de Cuentas provincial.

La manifestación, que comenzó de manera pacífica, escaló en violencia cuando un grupo intentó ingresar al edificio municipal. Según fuentes oficiales, los manifestantes arrojaron piedras, rompieron vidrios y prendieron fuego en la entrada principal, lo que provocó la intervención policial. El saldo fue de entre 19 y 22 detenidos, varios de ellos integrantes de organizaciones sociales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente de Organizaciones en Lucha, además de al menos siete heridos, incluyendo policías y un vecino.

El municipio presentó una denuncia penal por daños, lesiones y atentado a la autoridad, y acusó a los manifestantes de intentar mantener un sistema de contratación directa que representaba más de mil millones de pesos anuales. "Si el municipio la hubiese contratado nuevamente en forma directa, habría violado la Ley Orgánica y habría sido sancionado por el Tribunal de Cuentas", señalaron desde la administración local.

Por su parte, las organizaciones sociales denunciaron represión policial y detenciones arbitrarias, responsabilizando al intendente Alak por la criminalización de la protesta. "La tensión en la calle fue generada directa y exclusivamente por el Municipio", expresó el MTE, que también rechazó la oferta de tarjetas sociales como compensación por la pérdida de trabajo.

El conflicto generó reacciones políticas: concejales opositores exigieron identificar a los agresores y aplicar la ley, mientras que las organizaciones sociales convocaron a nuevas protestas para exigir la liberación de los detenidos. El episodio refleja la tensión entre la necesidad de transparencia en la gestión pública y la defensa de fuentes laborales en un contexto de crisis social.