El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 dictó prisión perpetua para Cristian Gabriel García, de 29 años, tras hallarlo culpable del femicidio de su pareja, Mariel Jiménez, en un departamento de Villa Lugano el 24 de mayo de 2024. La decisión, adoptada por los jueces Hugo Navarro, Marcelo Bartomeu Romero y Gustavo Alterini, consideró el homicidio doblemente agravado por el vínculo y por violencia de género, en línea con el pedido de la fiscal María Luisa Piqué.

La investigación determinó que García ató y asfixió a Mariel en su domicilio, violando una orden de restricción vigente. Tras el crimen, llamó a sus hermanos y confesó lo ocurrido. Posteriormente, trasladó el cuerpo de la víctima, envuelto en una frazada, hasta el Centro de Salud y Acción Comunitaria N°3, donde fue abandonado. Cámaras de seguridad registraron la secuencia, lo que permitió reconstruir los hechos.

El tribunal también condenó a García por desobediencia a funcionario público, pero lo absolvió de los cargos de abuso sexual y amenazas coactivas por falta de pruebas suficientes. Además, dispuso que la hija de Mariel reciba la reparación económica prevista en la Ley Brisa, destinada a hijos de víctimas de femicidio.

El caso puso en evidencia las fallas en la protección institucional: aunque Mariel había denunciado violencia y contaba con botón antipánico y custodia policial, la protección fue retirada días antes del crimen. Testigos y amigas de la víctima relataron episodios previos de violencia y control por parte de García, describiéndolo como posesivo y agresivo.

La sentencia fue recibida como ejemplar por la fiscalía y organizaciones de género, aunque persisten cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de protección y la actuación policial. El caso reaviva el debate sobre la respuesta estatal ante la violencia de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y resguardo para las víctimas.