El ataque a un colectivo que trasladaba agentes del Servicio Penitenciario en Rosario el 2 de marzo de 2024 marcó el inicio de una serie de hechos violentos atribuidos a una organización criminal liderada por Walter "Viejo" González, un preso de alto perfil en la cárcel de Piñero. La investigación judicial, encabezada por el fiscal Federico Rébola y respaldada por el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni, identificó a González como el autor intelectual del atentado, junto a otros 12 acusados que operaban tanto dentro como fuera de prisión.

Según la reconstrucción de los hechos, dos tiradores dispararon desde un automóvil contra el colectivo en Circunvalación y Palliere, en el barrio Rucci, hiriendo a un agente penitenciario por el roce de una bala en la nuca. Los atacantes dejaron una nota amenazante dirigida al gobierno provincial, en protesta por el endurecimiento de las condiciones carcelarias implementadas desde diciembre de 2023. Este ataque fue considerado por las autoridades como una represalia directa de los jefes detenidos ante las nuevas políticas penitenciarias.

La banda, compuesta por al menos 13 personas, está acusada de asociación ilícita, homicidio, tentativa de homicidio, amenazas coactivas, intimidación pública, robo y encubrimiento. Las órdenes para los ataques se transmitían desde la cárcel a través de visitas familiares y otros reclusos, lo que evidencia la capacidad de la organización para operar aún desde prisión. Además del ataque al colectivo, la banda fue vinculada a otros hechos graves, como homicidios, balaceras y amenazas públicas en distintas localidades de Santa Fe.

El fiscal Rébola destacó la contundencia de las pruebas reunidas y la importancia de la investigación para desarticular estructuras criminales que desafían al Estado. Por su parte, el ministro Cococcioni subrayó que "no se puede naturalizar la intimidación pública" y confió en que la justicia acompañe las medidas necesarias para evitar la impunidad. El caso expone la problemática de la violencia organizada y la necesidad de fortalecer las políticas de seguridad y control penitenciario en la provincia.

El ataque al colectivo fue el primer hecho de una semana trágica que incluyó asesinatos de trabajadores y generó conmoción pública en Rosario y la región. Las autoridades provinciales reiteraron su compromiso de enfrentar a las organizaciones criminales y garantizar la seguridad de la población, mientras la causa judicial avanza con la imputación de los responsables y el análisis de las redes delictivas involucradas.