El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de presupuesto 2026 la propuesta de eliminar la ampliación del régimen de Zona Fría, que desde 2021 otorga descuentos en la tarifa de gas a más de 3 millones de hogares en provincias templadas como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. La medida, contenida en el artículo 72 del proyecto, busca revertir la ley 27.637 y restringir el beneficio exclusivamente a la Patagonia y zonas de clima extremo, como la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza.

El régimen de Zona Fría, creado en 2002, fue diseñado para aliviar el costo energético en regiones con bajas temperaturas, donde la calefacción a gas es indispensable. Sin embargo, la ampliación de 2021 incorporó a millones de usuarios de zonas templadas, generando un aumento en el consumo y un déficit en el fondo fiduciario que financia el esquema, el cual se sostiene mediante un recargo que pagan todos los usuarios de gas natural.

Según el Gobierno, la extensión del beneficio desvirtuó el objetivo original, permitiendo que hogares con mayor poder adquisitivo accedieran a subsidios destinados a sectores vulnerables. "El resultado fue un esquema que terminó beneficiando a quienes no lo necesitaban. El compromiso es claro: eliminar privilegios, corregir distorsiones y administrar con responsabilidad los recursos del Estado", señalaron desde la Secretaría de Energía.

La decisión final sobre la derogación de la ampliación de la Zona Fría dependerá del Congreso, donde se anticipa un fuerte debate político. Diputados y concejales de Mar del Plata, junto a organizaciones sociales, repudiaron la iniciativa, advirtiendo que la eliminación de los descuentos encarecerá la vida diaria, reducirá el poder adquisitivo y afectará especialmente a jubilados, pensionados y familias de bajos ingresos. "Quitar los descuentos es encarecer la vida diaria y reducir el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ya deterioradas", afirmó el diputado provincial Gustavo Pulti.

El proyecto también prevé limitar el recargo máximo al 7,5% del precio del gas y habilita al Poder Ejecutivo a modificarlo hasta un 50%. Además, se otorga a la Secretaría de Energía la potestad de reglamentar la asignación de recursos y los mecanismos de compensación para las empresas prestadoras.

La reforma propuesta redefine el acceso al beneficio y su financiamiento, focalizando los subsidios en hogares de la Patagonia y zonas de clima extremo. De aprobarse, más de 3 millones de hogares perderían los descuentos, mientras que aproximadamente un millón de viviendas conservarían el beneficio. El debate en el Congreso será clave para determinar el futuro del régimen y su impacto en la economía y el bienestar de millones de argentinos.