Alcoholemia: revés judicial para un concejal que busca evitar una multa
• La Justicia de Bahía Blanca rechazó el recurso de Felipe Ferrández, concejal de La Libertad Avanza, para evitar multa e inhabilitación por alcoholemia positiva en 2022. • Deberá pagar $145.440 y no podrá conducir por 6 meses.
La Cámara Penal de Bahía Blanca rechazó un recurso extraordinario presentado por Felipe Horacio Ferrández, actual concejal de La Libertad Avanza, quien buscaba evitar una sanción por presunta alcoholemia positiva durante la Navidad de 2022. El fallo, dictado por la Sala I de la Cámara, confirmó la multa de 145.440 pesos y la inhabilitación para conducir vehículos automotores durante seis meses, sanción impuesta previamente por la jueza Correccional subrogante N° 2, María Laura Pinto.
El incidente ocurrió el 25 de diciembre de 2022 en la intersección de las calles Hugo Acuña y Casanova, cerca del Paso Vanoli, cuando Ferrández, que aún no era edil, conducía una Renault Kangoo y se negó a someterse al control de alcoholemia. Según el artículo 73 de la Ley de Tránsito 24.449, esta negativa constituye una falta por presunción positiva de alcoholemia. Algunas versiones indicaron que Ferrández habría abandonado el vehículo en el lugar.
En su recurso, Ferrández, representado por el abogado Francisco Cantalejos, argumentó la nulidad del proceso por supuesta afectación a su derecho de defensa, omisión de testigos y errores en el acta administrativa. Sin embargo, los camaristas Christian Yesari y Gustavo Barbieri consideraron inadmisibles estos planteos, señalando que se trataba de una reiteración de argumentos ya respondidos en instancias anteriores. "Solo se trata de su propio criterio discrepante", afirmaron los jueces en el fallo.
La Cámara explicó que la vía recursiva solo procede para sentencias definitivas, lo que no se da en este caso. De esta manera, Ferrández quedó más cerca de tener que afrontar la sanción. Según fuentes judiciales, aún podría presentar una queja ante la Suprema Corte, aunque esta acción no suspendería la ejecución de la sanción, quedando a criterio del juez de faltas.
El caso pone de relieve la aplicación estricta de la Ley de Tránsito en situaciones de negativa a controles de alcoholemia y refuerza la postura judicial frente a intentos de eludir sanciones administrativas. El desenlace podría sentar precedente para futuros casos similares en la jurisdicción.
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