La Corte Suprema de Justicia de la Nación convocó este martes a representantes de la provincia de Buenos Aires y del Estado nacional a una audiencia clave para intentar destrabar el conflicto por la deuda previsional que la Nación mantiene con el sistema jubilatorio bonaerense. El reclamo, impulsado por el gobernador Axel Kicillof, exige el pago de más de 1,6 billones de pesos en concepto de transferencias adeudadas por la ANSES, cifra que podría ser aún mayor según estimaciones de actores del sistema.

La audiencia, celebrada en la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal, representa la primera instancia formal de diálogo entre ambas jurisdicciones desde la asunción de Javier Milei. Por la provincia asistieron el fiscal de Estado Hernán Gómez, el ministro de Economía Pablo López, la titular del Instituto de Previsión Social Mariana Moretti y el asesor general Santiago Pérez Teruel. Del lado nacional, participaron funcionarios del Ministerio de Economía y de la ANSES.

El conflicto se enmarca en una serie de siete demandas que la provincia de Buenos Aires sostiene contra el gobierno nacional, todas vinculadas a recortes o eliminación de fondos nacionales. Entre los reclamos figuran el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, subsidios al transporte y fondos energéticos, sumando cifras multimillonarias y poniendo en discusión el esquema de financiamiento entre Nación y provincias.

Desde la gobernación bonaerense, la convocatoria de la Corte fue recibida como un avance institucional tras meses de reclamos sin respuesta. "No hay ningún ámbito de diálogo institucional con el gobierno nacional", señalaron fuentes provinciales. Organizaciones de jubilados, por su parte, alertan sobre el riesgo de desfinanciamiento del sistema y el impacto directo sobre más de 374.500 beneficiarios.

En la audiencia, la Corte Suprema buscó abrir una instancia de negociación, similar a la aplicada en 2025 con la provincia de Córdoba, donde se avanzó en un acuerdo de pago tras reconocer la existencia de la deuda. Sin embargo, el contexto político actual, marcado por la fuerte confrontación entre Milei y Kicillof, dificulta la posibilidad de una solución consensuada en el corto plazo.

El trasfondo del conflicto es estructural: desde los años 90, las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias reciben compensaciones nacionales para equilibrar diferencias entre sistemas, mecanismo respaldado por la ley 27.701. El ajuste fiscal impulsado por el gobierno nacional ha profundizado la tensión, con la provincia de Buenos Aires denunciando la interrupción total de envíos desde 2024 y la cobertura del déficit con fondos propios.

La resolución del conflicto previsional bonaerense se perfila como uno de los desafíos más sensibles en la relación entre Nación y Provincia, con implicancias directas para cientos de miles de jubilados y el futuro del esquema de financiamiento federal.