El Gobierno argentino envió al Senado una lista de 62 pliegos para cubrir cargos vacantes en el Poder Judicial, en un intento por destrabar una parálisis que afecta a más de un tercio de los puestos nacionales y federales. Entre los candidatos propuestos se encuentran Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y otros familiares de jueces y funcionarios, lo que ha generado un intenso debate sobre la transparencia y los posibles conflictos de interés en el proceso de selección.

El envío de los pliegos, confirmado por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, incluye jueces, fiscales, defensores y conjueces para tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Santa Fe y otras jurisdicciones. El propio Mahiques incluyó el pliego de su padre, Carlos "Coco" Mahiques, para la Cámara Federal de Casación Penal, lo que ha sido interpretado por algunos sectores como un intento de perpetuar la influencia de ciertas familias en la estructura judicial.

La medida del Ejecutivo coincidió con la presentación, por parte de la Corte Suprema, de un proyecto de reforma del reglamento de selección de magistrados. El nuevo sistema propuesto busca reducir la discrecionalidad política mediante exámenes anónimos y automatizados, limitando la influencia de las entrevistas personales y promoviendo concursos anticipados. "El objetivo es eliminar la discrecionalidad en la selección de jueces", afirmó el juez Carlos Rosenkrantz durante el acto de presentación, mientras que Ricardo Lorenzetti advirtió sobre la creciente partidización en las designaciones.

El proceso de aprobación de los pliegos requiere el análisis de la Comisión de Acuerdos del Senado y su posterior tratamiento en sesión, en un contexto donde el oficialismo no cuenta con mayoría propia. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, expresó su intención de acelerar el debate parlamentario.

El trasfondo de la discusión es la preocupación por la transparencia y la independencia del Poder Judicial, en un momento en que la cobertura de vacantes es vista como una oportunidad para remodelar el mapa judicial del país. Mientras tanto, la propuesta de la Corte Suprema para reformar el sistema de concursos suma presión sobre el Consejo de la Magistratura, que ya discute otros proyectos de reforma. El desenlace de este proceso podría tener implicancias duraderas en la composición y funcionamiento de la justicia argentina.