Diez ciudadanos argentinos deportados por el gobierno de Estados Unidos arribaron en la madrugada del jueves al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en un vuelo especial de la empresa Omni Air International. El operativo, coordinado por la Cancillería argentina, se realizó bajo estricta reserva y sin incidentes, en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses bajo la administración de Donald Trump.

El vuelo, que partió desde Fort Worth, Texas, realizó escalas en Bogotá y Belo Horizonte antes de llegar a Buenos Aires. Los deportados ingresaron por la terminal privada y se reencontraron con sus familiares minutos después del aterrizaje. Según fuentes oficiales, cinco de los diez argentinos no tenían antecedentes penales, mientras que el resto enfrentaba cargos migratorios o penales.

Algunos de los deportados relataron que fueron detenidos durante trámites migratorios o tras cruzar la frontera. Mario Robles, uno de los afectados, declaró: “No somos criminales, no matamos ni violamos. Fuimos por el sueño americano solamente”. Maximiliano García, otro deportado, contó que fue detenido cuando intentaba regularizar su situación migratoria y lamentó la separación de su familia, que permanece en Estados Unidos.

El embajador argentino en Washington, Alejandro Oxenford, destacó que el número de argentinos deportados es bajo en comparación con otros países de la región. “La lista de deportados es muy grande y el número de argentinos es infinitésimo”, afirmó. Además, justificó la potestad de Estados Unidos para decidir sobre la permanencia de extranjeros en su territorio.

El gobierno argentino evitó realizar reclamos públicos para no tensar la relación bilateral, en momentos en que busca avanzar en el ingreso al Visa Waiver Program, que permitiría a los argentinos viajar a EE.UU. sin visa por hasta 90 días. En paralelo, se intensificó una campaña mediática en Argentina advirtiendo sobre las consecuencias de la inmigración irregular.

La llegada de los deportados generó preocupación entre familiares y organizaciones sociales, que denunciaron la separación de familias y el impacto social de las deportaciones. Mientras tanto, el flujo de repatriaciones continúa en el marco de la política migratoria estadounidense.