El cierre de la planta de Fate en San Fernando, que dejó a 920 trabajadores sin empleo, ha generado un profundo impacto en la industria nacional y en el debate político y sindical argentino. La empresa oficializó la decisión el 18 de febrero, atribuyéndola a cambios en las condiciones de mercado y a la imposibilidad de competir frente a la apertura comercial y la caída de la producción local de neumáticos.

La medida fue comunicada un día antes de la discusión de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, lo que intensificó la repercusión del caso. Tras el anuncio, los trabajadores, nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), ocuparon la planta en señal de resistencia, mientras la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a nuevas audiencias para intentar destrabar el conflicto. La empresa, por su parte, sostiene que no revertirá el cierre y ofrece el pago inmediato de indemnizaciones, pero exige el desalojo de la fábrica para avanzar en cualquier negociación.

El conflicto se desarrolla en un contexto de fuerte apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei, que redujo aranceles y eliminó restricciones a la importación de neumáticos. Esta política permitió una baja de precios de hasta el 43,6% en dólares, pero también provocó una caída de la producción nacional y el cierre de empresas del sector. Más del 40% de los neumáticos importados provienen ahora de China, desplazando a Brasil como principal proveedor.

El Ministerio de Trabajo bonaerense calificó el conflicto como "de extrema gravedad" y puso en marcha recursos legales para favorecer un acuerdo. Sin embargo, la falta de diálogo efectivo y la persistencia de la ocupación mantienen la tensión en el predio de San Fernando. Analistas y sindicatos advierten que la situación de Fate es reflejo de una crisis más amplia: desde la asunción de Milei, se han perdido más de 270 mil empleos formales y cerrado más de 22 mil empresas, en un proceso que afecta especialmente a la industria manufacturera.

El caso Fate se ha convertido en un símbolo de la resistencia obrera y del debate sobre el rumbo económico del país. Mientras el gobierno defiende la apertura y la competencia, los trabajadores y sectores sindicales denuncian la destrucción del tejido industrial y la pérdida de empleos calificados, advirtiendo sobre las dificultades para recuperar capacidades productivas en el corto plazo. El desenlace del conflicto sigue abierto, en medio de un clima de creciente tensión social y política.