El Gobierno nacional avanzó en la privatización de cuatro de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, preadjudicando el control de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila a consorcios privados por un monto total superior a los 700 millones de dólares. La firma de los contratos de concesión y transferencia está prevista para el 22 de diciembre en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, según confirmaron fuentes oficiales.

La medida, formalizada a través de la Resolución 2059/2025 del Ministerio de Economía, se inscribe en el marco de la Ley 27.742 y una serie de decretos que habilitan la privatización de activos energéticos estratégicos. El proceso, que incluyó la intervención de organismos de control como la Sindicatura General de la Nación y la Procuración del Tesoro, fue impulsado por la urgencia de obtener fondos ante los vencimientos de deuda que enfrenta el Estado en enero, por más de 4.700 millones de dólares.

Las ofertas ganadoras fueron presentadas por consorcios liderados por Edison Inversiones S.A.U., BML Inversora S.A.U. y Central Puerto S.A., quienes asumirán la operación de las represas por un período de 30 años. El monto recaudado, sin embargo, representa menos del 20% de los compromisos de deuda inmediatos, lo que ha generado críticas desde sectores de la oposición y legisladores patagónicos, quienes cuestionan la tasación de los activos y advierten sobre una "liquidación por urgencia financiera".

El Gobierno, por su parte, sostiene que la operación es clave para la consolidación fiscal y la reducción del déficit, en línea con la política de privatizaciones impulsada en los últimos meses. La transferencia de estos activos estratégicos al sector privado redefine el mapa del mercado eléctrico argentino y marca un nuevo capítulo en la reconfiguración del sector energético nacional.

La firma de los contratos de concesión y transferencia, a cargo de la Secretaría de Energía, dará inicio a una nueva etapa en la gestión de las represas, con implicancias tanto para el mercado eléctrico como para las cuentas públicas. El proceso continuará bajo la supervisión de los organismos de control y se espera que los contratos entren en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial.