El caso por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell, sumó un nuevo capítulo judicial tras el pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi, uno de los rugbiers sentenciados a 15 años de prisión como partícipe secundario. La defensa de Pertossi, encabezada por Ignacio Nolfi, presentó el recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que durante el proceso se vulneró el derecho de defensa del imputado debido a la estrategia común adoptada para todos los acusados, sin considerar las diferencias en el grado de participación y las pruebas específicas en su contra.

Según el escrito, Pertossi no fue visto golpeando a Fernando Báez Sosa ni tuvo contacto físico con él, y su aporte al hecho fue calificado como secundario. La defensa sostiene que la estrategia unificada perjudicó gravemente a Pertossi, impidiéndole dar una versión completa de los hechos y restringiendo su derecho a una defensa individualizada. Además, se destaca que en las pruebas recabadas no se hallaron rastros de sangre de la víctima en sus prendas, a diferencia de otros condenados.

En paralelo, el procurador general bonaerense, Julio Conte-Grand, solicitó que Pertossi y otros dos condenados a 15 años reciban prisión perpetua, en línea con el pedido de la familia de la víctima y la fiscalía, quienes consideran que todos los acusados fueron coautores del homicidio. El Tribunal de Casación bonaerense ya había confirmado las condenas, aunque quitó el agravante de alevosía.

El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, desestimó el pedido de nulidad y lo calificó como una "triquiñuela técnica" para mejorar la situación procesal de Pertossi. Burlando afirmó que el proceso judicial está prácticamente agotado y que es poco probable que la Corte Suprema revise el caso o modifique las condenas.

El crimen de Fernando Báez Sosa conmocionó a la sociedad argentina y generó un extenso proceso judicial. Ocho jóvenes fueron condenados: cinco a prisión perpetua y tres, incluido Pertossi, a 15 años como partícipes secundarios. La decisión final sobre el pedido de nulidad y la posible reapertura del juicio ahora queda en manos de la Corte Suprema, mientras las partes mantienen posturas enfrentadas sobre la responsabilidad y el futuro de los condenados.