El Gobierno nacional anunció una reforma histórica en la regulación de la industria vitivinícola, eliminando casi 1.000 normas que regían el funcionamiento del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La medida, oficializada mediante la Resolución N° 37/2025, busca reducir la burocracia y los costos para los productores, concentrando los controles exclusivamente en el producto final que llega al consumidor.

Según fuentes oficiales, el INV dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo, para enfocarse en garantizar que el vino terminado sea apto para el consumo y no esté adulterado. "Durante décadas, la actividad estuvo regida por más de 1.000 normas dispersas, muchas de ellas obsoletas. Ahora damos lugar a un nuevo régimen basado en la libertad, la responsabilidad y la competencia", explicaron desde el Ministerio de Economía.

El presidente del INV, Carlos Tizio, aseguró que la industria está preparada para este cambio regulatorio. "La industria está muy madura. El 85 o 90% de las bodegas no tuvo ni una sola sanción en los últimos años. Se trabaja muy bien y se hacen vinos excelentes", afirmó. Tizio también destacó que el nuevo esquema no implica reducción de personal, sino un cambio en el enfoque de los controles.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó la reforma en Mendoza ante representantes de cámaras empresarias y funcionarios provinciales. "Pensamos que hay que regular para el productor honesto. El 99,9% de la gente en esta industria está para armar una industria exitosa", señaló Sturzenegger, quien subrayó que la desregulación fue bien recibida por la mayoría de los bodegueros.

Entre los cambios más relevantes, se elimina la obligación de declarar datos operativos irrelevantes, los permisos de tránsito y las inspecciones presenciales en bodegas. El control de trazabilidad, como el origen, la añada o el varietal, será optativo, salvo para exportaciones, donde se mantendrán las certificaciones exigidas por los países de destino.

Sin embargo, algunos sectores de la industria expresaron preocupación por la eliminación de controles obligatorios, especialmente el CIU (declaración de ingreso de uva), considerado clave para la trazabilidad y transparencia comercial. "El CIU resulta irremplazable para asegurar trazabilidad, transparencia comercial y credibilidad de los mercados", señalaron desde el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este.

Bodegas de Argentina, la principal cámara empresaria del sector, respaldó la reforma tras un análisis técnico, asegurando que los nuevos criterios de control no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto. "Mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector", indicaron en un comunicado.

La reforma se enmarca en una política nacional de desregulación y simplificación administrativa, con el objetivo de reactivar viñedos ociosos y mejorar la competitividad de la industria vitivinícola argentina, que cuenta con 200.000 hectáreas de vid plantadas pero produce el mismo volumen de vino que Chile, con un 41% menos de superficie.

El debate sobre la obligatoriedad de ciertos controles, como el CIU, sigue abierto, y el Gobierno anticipó que continuará dialogando con los actores del sector antes de la entrada en vigencia del nuevo digesto normativo.