El debate por la reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha desatado una fuerte controversia en el Congreso y la sociedad civil. Más de 70 mil personas se inscribieron para participar en las audiencias públicas convocadas por la Cámara de Diputados, aunque solo los primeros inscriptos de cada provincia podrán exponer de manera presencial o virtual. El resto de los interesados podrá enviar videos o textos, que serán anexados al expediente, una decisión que ha generado críticas de organizaciones ambientales y sectores de la oposición.

Las audiencias, previstas para el 25 y 26 de marzo, se limitarán a un máximo de mil expositores, según lo dispuesto por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Ambiente. "La magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria", argumentaron los presidentes de ambas comisiones en un comunicado oficial.

La reforma, que ya cuenta con media sanción del Senado, es impulsada por el oficialismo y responde a demandas de provincias mineras y empresas multinacionales interesadas en explotar recursos en zonas de glaciares y periglaciares. El proyecto propone relegar al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) a un rol marginal y otorga a las provincias la potestad de realizar estudios de impacto ambiental y decidir sobre la explotación de áreas protegidas.

Organizaciones ambientales y constitucionalistas han advertido que la restricción de la participación ciudadana en las audiencias públicas podría violar el Acuerdo de Escazú y abrir la puerta a la judicialización del proceso legislativo. "Todas las personas registradas tienen derecho a hablar y ser escuchadas", señalaron Abogados Ambientalistas, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales en un comunicado conjunto. La oposición, por su parte, reclama la ampliación de los días de debate y cuestiona la transparencia del proceso.

El debate sobre la Ley de Glaciares pone en evidencia las tensiones entre el desarrollo económico, el federalismo y la protección ambiental en Argentina. El protagonismo de los gobernadores y la presión de los sectores mineros han complejizado las negociaciones políticas, mientras la sociedad civil exige mayor participación y transparencia en la toma de decisiones que afectan a los recursos naturales estratégicos del país.