Cartoneros y recicladores urbanos de la Ciudad de Buenos Aires llevan adelante una huelga de hambre y acampe frente al Ministerio de Espacio Público, en reclamo por la restitución del pago de viáticos y la continuidad del sistema de transporte para recuperadores. La protesta, que ya suma varios días en Parque Lezama, involucra a más de 3.500 familias que dependen de esta actividad para subsistir y que, según denuncian, se ven afectadas por la reciente decisión del gobierno porteño de suspender los viáticos y el transporte, medida que consideran "ilegal, arbitraria e inhumana".

Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), expresó: "Nos encadenamos a la indiferencia de un gobierno que se niega a dar la cara. Es una medida extrema ante un silencio extremo". La organización presentó un amparo judicial, reconocido por el Ministerio Público Fiscal, que sostiene que la decisión viola la Constitución Nacional y leyes locales sobre Basura Cero.

El sistema de reciclaje en la ciudad, vigente desde hace casi dos décadas, funciona bajo un esquema de cogestión entre cooperativas y el gobierno porteño, que hasta ahora absorbía los gastos de viáticos. Con la nueva disposición, los trabajadores deberán destinar hasta un 20% de sus ingresos al transporte, en un contexto de inflación y caída de precios del cartón, que bajó hasta un 70% en el último año. Esta situación llevó al cierre de un tercio de las cooperativas y a la reducción de la actividad, afectando a unas 200.000 personas en todo el país.

Testimonios de cartoneros reflejan la precarización y el impacto social de la crisis. Cecilia Vega, trabajadora de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, relató: "Antes me alcanzaba para mantener a mi familia y ya no. Compro lo justo para el día y solo llego a darles una comida fuerte al día". La apertura de importaciones de cartón y materiales reciclables desde 2024 agravó la situación, reduciendo la demanda de material recuperado y los ingresos de los trabajadores.

La FACCyR advierte que, de no obtener respuestas, se movilizarán masivamente y continuarán el plan de lucha. Organizaciones sociales y referentes del sector critican la falta de políticas inclusivas y alertan sobre el riesgo de que más familias queden en situación de calle y el retroceso ambiental que implica la reducción del sistema de reciclaje. El conflicto pone en evidencia la tensión entre políticas públicas, inclusión social y gestión ambiental en la ciudad más rica del país.