El triple asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, ha conmocionado a la sociedad argentina y desatado una ola de reclamos por parte de la Iglesia, autoridades y organizaciones sociales. Las jóvenes, de entre 15 y 20 años, fueron halladas sin vida el 24 de septiembre tras haber sido intensamente buscadas desde el viernes anterior. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el crimen fue resultado de una "venganza narco" perpetrada por una banda transnacional, lo que pone en evidencia la creciente influencia del narcotráfico en los barrios más vulnerables del conurbano.

En distintos comunicados, obispos y sacerdotes expresaron su "máximo repudio y consternación" ante el hecho, señalando que no se trata de un caso aislado, sino de una manifestación de una problemática estructural que afecta a numerosas comunidades. "Grandes zonas han quedado liberadas a merced de mafias narcos", advirtió el obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, quien además lamentó la "constante ausencia del Estado" y la falta de políticas públicas efectivas para proteger a niños y jóvenes.

La Iglesia declaró el estado de emergencia en barrios populares y exigió la presencia activa del Estado, especialmente en materia de justicia y seguridad. "Necesitamos un Estado presente, inteligente y efectivo. Vemos una fuerte desconexión entre la política y la realidad de nuestra gente", señalaron los sacerdotes en su comunicado. Además, remarcaron la urgencia de implementar políticas integrales que apunten a la urbanización de los barrios y la apertura de oportunidades para jóvenes y familias.

El crimen ocurrió en vísperas del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, lo que acentuó el reclamo de justicia y protección para los sectores más vulnerables. La Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia del episcopado argentino subrayó que el hecho refleja el avance del narcotráfico y la descomposición social en ausencia de políticas públicas.

El Papa Francisco, citado en varios comunicados, instó a la sociedad a enfrentar con valentía la "plaga" del narcotráfico y a trabajar por la dignidad y la vida de los más afectados. Las voces de la Iglesia y de las comunidades locales coinciden en que la memoria de las víctimas debe impulsar cambios profundos en la política de seguridad y desarrollo social, reclamando unidad nacional y respuestas efectivas para revertir la situación.