El pedido de nulidad de la condena de Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers sentenciados por el crimen de Fernando Báez Sosa, volvió a poner el caso en el centro de la agenda judicial argentina. Pertossi, condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la nulidad de la sentencia y la realización de un nuevo juicio, argumentando vulneración del derecho de defensa y conflicto de intereses por haber compartido abogado con el resto de los acusados.

La defensa, encabezada por Ignacio Nolfi, sostiene que desde el inicio del proceso existía una disparidad en los roles de los imputados y que la estrategia común perjudicó a Pertossi. El pedido incluye la declaración de nulidad de todo lo actuado desde que se configuró la presunta indefensión, y reclama una defensa técnica autónoma y acorde a la situación de su asistido.

Sin embargo, el abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, desmintió que exista un nuevo recurso de nulidad ante la Corte Suprema y calificó la estrategia de la defensa como una "triquiñuela técnica para mejorar su situación procesal". Burlando explicó que lo ocurrido fue la acumulación de quejas sobre recursos extraordinarios federales ya rechazados en instancias anteriores, y que el recorrido procesal está prácticamente agotado. "Todas las decisiones han gozado de mucha contundencia jurídica", afirmó, y agregó que es raro que la Corte Suprema decida abrir la posibilidad de tratar estos recursos.

Respecto al cuestionamiento sobre la defensa conjunta, Burlando recordó que fue una decisión de los propios imputados y sus familias, quienes eligieron definir una estrategia común tanto en el hecho como en tribunales. "Funcionaron en manada en el hecho y luego en tribunales también funcionaron de la misma manera", expresó. Además, reveló que al inicio del juicio oral advirtió al tribunal sobre un posible conflicto de intereses, pero los rugbiers decidieron mantener su actitud.

El caso, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, sigue generando repercusión social y mediática. Cinco de los condenados recibieron prisión perpetua, mientras que tres, incluido Pertossi, fueron sentenciados a 15 años de cárcel. Las condenas aún no están firmes, ya que la Suprema Corte bonaerense y la Corte Suprema nacional deben resolver recursos presentados por las partes. Para la querella, el margen para modificar las sentencias es cada vez más estrecho y el proceso se encamina hacia su cierre definitivo.