En una sesión marcada por la tensión y el debate, el Senado argentino aprobó una serie de reformas a la Ley de Glaciares, otorgando mayor poder a las provincias sobre la gestión de estos recursos naturales. La iniciativa, que recibió 40-41 votos a favor, 31 en contra y una abstención, ahora será debatida en la Cámara de Diputados, donde se definirá su destino final.

El proyecto, impulsado por el oficialismo y apoyado por sectores del peronismo y representantes de provincias mineras, busca destrabar inversiones en proyectos mineros que permanecían paralizados desde la sanción de la ley original en 2010. Entre los puntos más controvertidos se encuentra el artículo 7, que permite a cada provincia determinar la autoridad de aplicación para identificar y gestionar glaciares y ambientes periglaciales, salvo en áreas protegidas por la ley nacional de Parques Nacionales.

Durante el debate, el senador Agustín Coto (La Libertad Avanza) defendió la reforma asegurando que "se preservan las reservas hídricas permanentes" y que la meta es "armonizar la normativa con la Constitución y la Corte Suprema". Por su parte, la salteña Flavia Royón enfatizó que "el cuidado ambiental y del agua está por sobre todos los intereses" y negó que la reforma implique una flexibilización de los estándares ambientales.

Sin embargo, la oposición y sectores ambientalistas manifestaron su preocupación por la posible fragmentación de los criterios de conservación y el debilitamiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El radical Maximiliano Abad advirtió que "esta iniciativa no resuelve el problema, sino que trae otros", y alertó sobre el riesgo de inconstitucionalidad y la pérdida de uniformidad en los presupuestos ambientales.

El debate estuvo acompañado por protestas de organizaciones ambientalistas como Greenpeace, y se registraron incidentes con la prensa durante la cobertura de la sesión. El Gobierno sostiene que la reforma permitirá crear hasta 15.000 empleos y reactivar la economía en regiones mineras, mientras que los críticos temen un retroceso en la protección de los glaciares y el agua dulce.

La discusión sobre la minería y el agua en Argentina es de larga data, y la reforma a la Ley de Glaciares reaviva el dilema entre desarrollo económico y preservación ambiental. El resultado en Diputados será clave para el futuro de la política ambiental y productiva del país.