La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma al Código Contravencional que endurece las sanciones contra los denominados "trapitos" y limpiavidrios que operan sin autorización en la vía pública. La iniciativa, impulsada por el jefe de Gobierno Jorge Macri y respaldada por el oficialismo y La Libertad Avanza, fue sancionada con 36 votos a favor y 18 en contra, y busca combatir la extorsión y el uso indebido del espacio público, especialmente en las inmediaciones de eventos masivos.

La nueva ley establece multas de hasta $6,6 millones y penas de arresto que pueden llegar a 60 días para quienes organicen o coordinen estas actividades. Además, se incorporan agravantes que duplican las sanciones en casos de intimidación, violencia o aprovechamiento de la vulnerabilidad de los conductores. Los infractores también podrán ser excluidos de programas sociales, subsidios o beneficios estatales por un plazo de dos años.

El área de control se amplía hasta 50 cuadras alrededor de estadios, recitales y otros eventos de gran convocatoria, y el horario de prohibición se extiende desde seis horas antes del inicio hasta tres horas después de la finalización del evento. Los jueces podrán imponer restricciones de acercamiento a las zonas donde se haya cometido la infracción, y el Ministerio Público Fiscal instalará oficinas móviles para recibir denuncias de automovilistas afectados.

La ley también prevé sanciones para clubes, instituciones y organizadores de espectáculos que faciliten o participen en la actividad ilegal, con multas de hasta 20.000 unidades fijas (cerca de $19 millones) y clausuras de hasta 90 días.

Durante el debate, el jefe de Gobierno Jorge Macri celebró la aprobación de la norma y afirmó: “Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”. Desde el oficialismo, se destacó que la reforma responde a uno de los reclamos más recurrentes de los vecinos y busca poner fin a una práctica que consideran mafiosa y organizada.

Por su parte, sectores de la oposición cuestionaron la falta de medidas para abordar la connivencia policial y propusieron alternativas que incluyeran la responsabilidad de quienes facilitan la actividad. También señalaron la necesidad de un enfoque más integral que contemple la situación social de quienes ejercen el rol de cuidacoches.

La reforma se enmarca en un contexto de reiterados reclamos vecinales y antecedentes legislativos que no lograron erradicar la problemática. Con la nueva normativa, el gobierno porteño busca reforzar el control y desalentar la actividad ilegal, aunque persisten los debates sobre el equilibrio entre seguridad y contención social.