El conflicto en las universidades públicas argentinas se profundiza ante el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el deterioro salarial de docentes y nodocentes. Desde la asunción del presidente Javier Milei, el ajuste presupuestario ha impactado de lleno en el sistema de educación superior, generando una pérdida de más del 30% en el poder adquisitivo de los salarios docentes, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

A pesar de que la Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada y ratificada en reiteradas ocasiones por el Congreso y cuenta con fallos judiciales que ordenan su aplicación, el Ejecutivo nacional mantiene su negativa a implementarla. El gobierno propuso un aumento salarial del 12% en cuotas, muy por debajo del 50% reclamado por los sindicatos para recuperar el poder de compra perdido desde fines de 2023. Esta situación ha desencadenado una ola de paros y protestas en universidades de todo el país, con actividades de visibilización, clases públicas y jornadas de universidades abiertas.

El impacto del ajuste se refleja en el aumento de renuncias y pluriempleo entre los docentes, quienes en muchos casos deben buscar otros trabajos para complementar sus ingresos. "Nunca estuvimos tan mal como ahora", afirmó Franco Bartolacci, presidente del CIN, mientras que decanos de la UBA y otras universidades advierten sobre la fuga de profesionales altamente capacitados y el deterioro de la calidad educativa.

En La Plata, la protesta se extiende a los nodocentes, que también realizan paros y actividades de difusión para exigir la aplicación de la ley y la recuperación salarial. El conflicto ha llevado a la convocatoria de una nueva marcha federal universitaria prevista para el 23 de abril, en la que se espera una amplia participación de la comunidad académica y estudiantil.

El gobierno, por su parte, argumenta que la aplicación plena de la ley pondría en riesgo la política de déficit cero, mientras que sindicatos y federaciones docentes insisten en la urgencia de recomponer salarios y garantizar el financiamiento adecuado para evitar un deterioro irreversible de la universidad pública argentina. El debate sobre las estrategias de lucha continúa, con sectores que reclaman medidas más contundentes y una mayor coordinación entre gremios y autoridades universitarias.