La Justicia de Neuquén investiga una presunta estafa millonaria contra la obra social del Sindicato de Petroleros Privados, en la que dos médicos habrían facturado cirugías pediátricas nunca realizadas. El caso salió a la luz tras una denuncia presentada por el sindicato, que detectó irregularidades en la facturación de intervenciones traumatológicas entre enero y junio de 2024. Los profesionales involucrados, un traumatólogo infantil y un anestesista, están bajo investigación judicial y fueron demorados tras allanamientos en sus domicilios y una clínica privada.

Según la denuncia, los médicos confeccionaban partes quirúrgicos apócrifos y facturaban operaciones complejas a niños afiliados, quienes en realidad solo recibieron atención ambulatoria en consultorios u hospitales. Los registros hospitalarios no muestran evidencia de las cirugías, y el alta institucional se otorgaba minutos después de la supuesta intervención, sin documentación pre ni post quirúrgica. El perjuicio económico estimado supera los 20 millones de pesos.

La fiscal Valeria Panozzo, a cargo de la investigación, ordenó tres allanamientos con el objetivo de secuestrar historias clínicas, computadoras y teléfonos celulares que puedan aportar pruebas clave. Los procedimientos fueron autorizados por el juez de garantías Marco Lupica Cristo y ejecutados por el Departamento de Delitos Económicos de la Policía provincial. La auditoría interna realizada por OSPEPRI, junto a testimonios de padres que negaron las operaciones, permitió identificar 11 cirugías facturadas pero nunca realizadas.

El secretario general del sindicato, Marcelo Rucci, expresó su indignación por el uso de niños en la maniobra y aseguró que los médicos involucrados no volverán a trabajar con la organización. "Esperamos una condena ejemplar, es grave porque perjudica mucho a la organización sindical y a las familias", afirmó Rucci. La Fiscalía considera que existen pruebas suficientes para avanzar en la formulación de cargos, mientras el gremio continúa investigando posibles irregularidades en años anteriores.

El caso expone vulnerabilidades en los controles de obras sociales y plantea interrogantes sobre la ética profesional médica. Las autoridades judiciales destacan la gravedad del hecho, tanto por el daño económico como por la afectación ética y profesional que implica utilizar a niños y sus familias como respaldo de operaciones inexistentes. La investigación sigue en curso y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas judiciales.