La Justicia argentina dictó una sentencia histórica al condenar a 25 años de prisión a dos exfuncionarios penitenciarios por su responsabilidad en la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en la cárcel de Devoto, Buenos Aires, el 14 de marzo de 1978. El fallo, emitido por el Tribunal Oral Federal N°5, consideró los hechos como una grave violación de los derechos humanos y, por tanto, imprescriptibles, a pesar de haber transcurrido 47 años desde el episodio.

Durante la dictadura militar, la cárcel de Devoto se encontraba sobrepoblada y albergaba tanto presos comunes como políticos. La noche previa a la tragedia, un conflicto por el uso del televisor desencadenó una serie de hechos que culminaron en una requisa violenta, barricadas improvisadas por los internos y un incendio devastador. El saldo fue de 65 presos muertos y 88 heridos graves, en lo que se considera la mayor masacre carcelaria de la historia argentina.

El tribunal condenó a Juan Carlos Ruiz, exdirector del penal, y a Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División Seguridad Interna, por imposición de tormentos reiterados y tormentos seguidos de muerte. El tercer acusado, Gregorio Zerda, fue absuelto. Según testimonios de sobrevivientes, las autoridades penitenciarias impidieron el ingreso de bomberos y sometieron a los sobrevivientes a golpizas y encierro en celdas de castigo, lo que agravó aún más las consecuencias del incendio.

La sentencia fue celebrada por familiares de las víctimas y sobrevivientes, quienes durante décadas lucharon por el reconocimiento de la responsabilidad estatal. "Hoy logramos que se le dé nombre a las víctimas, a las 65 personas asesinadas que estaban en el olvido y que hoy un juez tuvo que leer cada uno de sus nombres en un veredicto condenatorio", expresó uno de los sobrevivientes. Sin embargo, la absolución de Zerda generó sensaciones encontradas y la querella anunció que apelará la decisión, buscando que el caso sea calificado como crimen de lesa humanidad.

El caso, conocido durante años como el "motín de los colchones", fue encubierto por las autoridades de la dictadura y los medios de la época, lo que dificultó el acceso a la verdad y la justicia para las familias afectadas. El Comité contra la Tortura de la ONU ha advertido recientemente sobre las condiciones críticas en las cárceles argentinas, subrayando la necesidad de reformas urgentes para evitar que tragedias como la del Pabellón Séptimo se repitan en el futuro.