La Justicia de Tandil dictó una sentencia que ordena a un supermercado, su titular y su compañía aseguradora indemnizar con más de siete millones de pesos a una mujer que sufrió un grave accidente en el acceso del local en 2018. El fallo, emitido por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 1, destaca la responsabilidad objetiva del comercio y la protección al consumidor establecida en la legislación argentina.

El hecho ocurrió el 18 de marzo de 2018, cuando la víctima, de 74 años y con movilidad reducida por una distrofia muscular, fue golpeada por el cierre abrupto de las puertas automáticas al intentar salir del supermercado. La caída le provocó una fractura de cadera que requirió dos cirugías y extensos períodos de rehabilitación, resultando en una incapacidad física permanente del 57,5%. La mujer, que hasta entonces era autónoma en sus actividades cotidianas, quedó con importantes limitaciones para la movilidad y la vida independiente, requiriendo asistencia permanente.

Durante el proceso judicial, los abogados de la víctima reclamaron una indemnización por daños patrimoniales, extrapatrimoniales y discapacidad sobreviniente, sumando más de siete millones de pesos. Los demandados negaron responsabilidad, argumentando que la caída fue consecuencia exclusiva de la condición física y edad de la clienta, y pusieron en duda la relación entre el accidente y la fractura diagnosticada posteriormente. Sin embargo, el juzgado consideró determinante la falta de pruebas sobre el mantenimiento adecuado de las puertas automáticas y la ausencia de advertencias para personas con movilidad reducida.

El fallo se fundamentó en la Ley de Defensa del Consumidor y el principio constitucional de protección al usuario, estableciendo que los comercios tienen la obligación de prever y evitar riesgos previsibles en sus instalaciones. El magistrado subrayó que la reparación integral debe contemplar tanto los daños económicos como el impacto en la autonomía y calidad de vida de la persona afectada.

La sentencia impone a los demandados el pago de la indemnización en un plazo de 10 días desde la notificación firme, con intereses y costas del proceso. Este fallo sienta un precedente relevante en materia de derechos del consumidor y accesibilidad, reforzando la responsabilidad de los comercios en la protección de sus clientes.