La Justicia federal investiga la compra y remodelación de un departamento en el barrio porteño de Caballito por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, se centra en la operatoria de adquisición del inmueble y el origen de los fondos utilizados.

Según consta en la causa, Adorni adquirió el departamento en noviembre de 2025 por un valor declarado de 230.000 dólares. Para concretar la operación, recibió préstamos de dos jubiladas, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes declararon ante la Justicia y entregaron sus teléfonos celulares para facilitar la investigación. Ambas mujeres afirmaron que el dinero provenía de otras operaciones inmobiliarias y que no conocían personalmente al funcionario.

El inmueble había sido comprado previamente por las jubiladas al exfutbolista Hugo Morales por 200.000 dólares, una cifra considerablemente inferior al valor de mercado, debido al estado de la propiedad y la necesidad de refacciones. Posteriormente, el departamento fue remodelado de manera integral, incluyendo cocina, baños y pisos, antes de ser vendido a Adorni. La diferencia de precio y el alcance de las reformas son ahora objeto de análisis judicial.

Las declaraciones de las testigos apuntaron a Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas y socio en empresas constructoras, como principal responsable de la operatoria. Feijoo, quien también fue citado a declarar, habría gestionado la compra, remodelación y posterior venta del departamento. La Justicia investiga si las jubiladas tenían la capacidad financiera real para otorgar los préstamos y si existieron irregularidades en la operatoria.

En paralelo, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las prestamistas, con el objetivo de analizar la correspondencia entre sus ingresos y las operaciones realizadas. El caso ha generado repercusión mediática y política, mientras la investigación avanza con nuevas citaciones y peritajes sobre la documentación patrimonial y financiera del funcionario y su entorno.

El expediente también incluye otras operaciones inmobiliarias y préstamos vinculados a Adorni, en un contexto de denuncias por inconsistencias patrimoniales y cuestionamientos sobre la transparencia en la función pública. La resolución del caso podría tener implicancias en la percepción pública sobre la integridad de los funcionarios y los controles sobre su patrimonio.