El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que obliga al Estado a transferir $2,5 billones a las universidades nacionales. La medida, impulsada por la Procuración del Tesoro, busca frenar la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la recomposición salarial y el financiamiento de las casas de altos estudios.

El plazo legal para realizar las transferencias venció este viernes, lo que genera una presión financiera inmediata sobre la administración de Javier Milei. Fuentes oficiales reconocieron que el Gobierno no dispone de los fondos necesarios y advirtieron que cumplir con el fallo judicial podría comprometer el equilibrio fiscal y revertir el superávit alcanzado en los primeros meses del año. "Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata", admitió una fuente del Ejecutivo.

El conflicto se intensificó luego de que la Justicia ratificara la vigencia de la ley, rechazada previamente por el presidente y luego restituida por el Congreso. El Gobierno argumenta que la norma no prevé fuentes de financiamiento específicas y acusa al Poder Judicial de excederse en sus atribuciones al intervenir en cuestiones presupuestarias. Además, solicitó que los jueces de la Corte Suprema se excusen de intervenir por su condición de docentes universitarios.

Mientras tanto, el sistema universitario y organizaciones estudiantiles han intensificado las protestas. En ciudades como La Plata y Río Gallegos, se realizaron clases públicas y jornadas de visibilización bajo la consigna "La universidad no se apaga", en defensa de la educación pública y la ciencia. Docentes y estudiantes denuncian el deterioro salarial, la reducción de servicios y la caída real de las transferencias, que según el Consejo Interuniversitario Nacional supera el 45% desde 2023.

El fallo judicial es visto por analistas como un punto de inflexión en la política fiscal, ya que obliga al Estado a cumplir con obligaciones postergadas y podría forzar recortes en otras áreas. El debate sobre la sostenibilidad del financiamiento universitario y la división de poderes continúa abierto, en un contexto de ajuste y tensiones entre el Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia.