En medio de la política de ajuste y austeridad impulsada por el gobierno de Javier Milei, un viaje oficial de cinco altos funcionarios argentinos a la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves ha generado una fuerte controversia. La delegación, encabezada por el vicecanciller Fernando Brun, participó entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre en la "Semana de la Agricultura del Caribe", un evento considerado de escasa relevancia para los intereses argentinos.

El viaje incluyó gastos significativos: Brun utilizó un pasaje en clase business que costó cerca de 10.000 dólares, mientras que el resto de los funcionarios recibió viáticos de más de 350 dólares diarios y se alojó en el lujoso St. Kitts Marriott Beach Resort, donde la noche puede costar hasta 600 dólares. La Cancillería justificó la presencia argentina en el evento como una oportunidad para "reforzar los vínculos políticos con los Estados del Caribe" y sumar apoyos en la ONU por la cuestión Malvinas. Según fuentes oficiales, la comitiva mantuvo una docena de reuniones bilaterales con países como Bahamas, Antigua y Barbuda, Jamaica y las Granadinas.

Sin embargo, la decisión de enviar una delegación tan numerosa y los elevados costos generaron críticas internas y externas. Diplomáticos del Palacio San Martín señalaron que el evento no contó con la presencia de potencias regionales como Brasil o México y que "bastaba con enviar al embajador en Barbados y algún funcionario de Agricultura". Además, el destino elegido, San Cristóbal y Nieves, es considerado un paraíso fiscal y el intercambio comercial con Argentina es prácticamente nulo.

La filtración del viaje se produjo en un contexto de disputas internas dentro del gobierno, con tensiones entre facciones cercanas a Karina Milei, Werthein y Santiago Caputo. Medios periodísticos sugieren que la revelación podría responder a maniobras políticas internas. El escándalo reaviva el debate sobre el uso de fondos públicos y la coherencia del discurso oficial de austeridad, especialmente en un momento en que millones de argentinos enfrentan recortes y dificultades económicas.

Hasta el momento, la Cancillería no ha ofrecido más explicaciones sobre los resultados concretos del viaje, y el caso pone en jaque la narrativa de austeridad del gobierno libertario, dejando al descubierto contradicciones en la gestión de recursos públicos.