A medio siglo del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la sociedad argentina sigue debatiendo el significado y las consecuencias de la última dictadura militar. El derrocamiento de Isabel Perón, en un contexto de crisis política, económica y social, dio paso a un régimen caracterizado por la represión ilegal, la desaparición de personas y la instauración de un modelo económico radical. A diferencia de golpes anteriores, como el de 1955, el de 1976 no fue recibido con manifestaciones públicas de júbilo, sino como el desenlace de un proceso de colapso institucional y violencia creciente.

Durante los años previos al golpe, la Argentina atravesó una escalada de violencia política, con el accionar de organizaciones armadas y la respuesta represiva del Estado, que incluyó la creación de grupos paraestatales como la Triple A. La crisis económica, marcada por la inflación y el fracaso de políticas de estabilización, contribuyó al desgaste del gobierno democrático. El golpe militar fue visto por amplios sectores como una salida inevitable, aunque no necesariamente deseada.

El régimen instaurado en 1976 se distinguió por la sistematicidad de la represión y la clandestinidad de los crímenes de Estado, lo que generó tempranas denuncias internacionales. Las tensiones internas entre sectores militares y civiles, así como los distintos proyectos dentro de la dictadura, marcaron la dinámica del poder hasta la derrota en la guerra de Malvinas y el retorno a la democracia en 1983.

Con el regreso de la democracia, la condena a la dictadura y la defensa de los derechos humanos se convirtieron en pilares del consenso social, cristalizados en el informe "Nunca Más" y los juicios a las Juntas. Sin embargo, este consenso ha sido objeto de revisión y disputa, especialmente en el contexto de la polarización política y el ascenso de nuevas derechas. El gobierno de Javier Milei y sectores afines han reavivado debates sobre la memoria, la cifra de desaparecidos y el rol de los movimientos de derechos humanos.

Investigaciones recientes muestran que, aunque la mayoría de los votantes de Milei rechaza la dictadura, también se distancia de la narrativa progresista y de los símbolos asociados a los derechos humanos. El tema, para muchos, ocupa un lugar secundario frente a otras preocupaciones actuales. Esta ambivalencia refleja la persistencia de interpretaciones en disputa sobre el pasado reciente y plantea desafíos para la construcción de consensos democráticos en el presente.