El empresario Fred Machado, actualmente bajo prisión domiciliaria en Viedma por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, reveló esta semana detalles sobre su relación con el diputado José Luis Espert y los aportes económicos realizados a la campaña presidencial de 2019. Según Machado, el entonces candidato le solicitó ayuda financiera directa para cubrir gastos operativos y estratégicos, llegando a aportar más de 200.000 dólares en cuotas, además de otros fondos para traslados y alimentación.

Las declaraciones de Machado, realizadas en entrevistas radiales, incluyeron la descripción de reuniones clave en la casa de Luis Rosales, quien finalmente fue elegido como candidato a vicepresidente. En estos encuentros participaron figuras como Lilia Lemoine, asesora de Espert, y el consultor estadounidense Dick Morris, conocido por su trabajo en campañas presidenciales de Estados Unidos. Machado relató que la dinámica de la campaña incluía la consulta de su opinión en decisiones estratégicas, como la elección del compañero de fórmula.

El escándalo se intensificó tras la renuncia de Espert a su candidatura legislativa, motivada por la controversia en torno a los aportes recibidos y la relación con Machado. La Corte Suprema de Justicia habilitó la extradición de Machado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero. Paralelamente, Espert fue imputado por el fiscal federal de San Isidro para investigar la transferencia de fondos recibidos de Machado.

Luis Rosales, protagonista en la campaña y con trayectoria política en Mendoza, optó por el silencio ante los medios, mientras que Lilia Lemoine fue mencionada por Machado como parte de la producción de spots publicitarios para el espacio Unite. El caso generó diversas reacciones en el ámbito político: Javier Milei y Federico Sturzenegger defendieron públicamente a Espert, mientras que Juan Grabois fue señalado como el principal denunciante.

El episodio pone en debate el financiamiento de campañas políticas y la transparencia en la relación entre empresarios y candidatos. La repercusión del caso afecta a La Libertad Avanza y plantea interrogantes sobre el futuro de la fuerza política y sus vínculos con figuras controvertidas. La decisión final sobre la extradición de Machado queda ahora en manos del presidente Javier Milei, en un contexto de creciente escrutinio público sobre la ética y la legalidad en la política argentina.