La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la multa de USD 219.491.466,76 impuesta a Jorge Oscar Chueco, abogado de Austral Construcciones, en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K". La decisión, adoptada por la Sala IV, ratifica la resolución del Tribunal Oral Federal 4, que en diciembre de 2025 había fijado la sanción tras determinar que el monto debía ser cuatro veces superior al dinero lavado, calculado en USD 54.872.866,69 y convertido a pesos al tipo de cambio oficial vigente al momento del pago.

La defensa de Chueco impugnó el monto de la multa, argumentando que vulnera el principio de legalidad y el debido proceso, ya que Chueco no fue el único responsable de los hechos. Además, cuestionó que la conversión se realice según la cotización del dólar al día del pago y solicitó que se tome como base el monto en pesos ingresado a las cuentas de Austral Construcciones tras la liquidación de bonos en el mercado local. Sin embargo, el juez Javier Carbajo consideró que la defensa no logró demostrar una falta de fundamentación en el método elegido ni una afectación concreta de las garantías constitucionales. Por su parte, el camarista Gustavo Hornos subrayó la importancia del principio de cosa juzgada como garantía de estabilidad y seguridad jurídica, mientras que el juez Mariano Borinsky respaldó el método de cálculo para evitar la depreciación de la sanción pecuniaria.

El caso principal involucra a Lázaro Báez, empresario de la construcción y fundador del grupo Austral, quien fue condenado a 10 años de prisión por maniobras de lavado de dinero que permitieron transferir al menos USD 55 millones al exterior mediante sociedades vinculadas a su entorno. Chueco, por su parte, recibió una condena de seis años de prisión. Durante el juicio, Chueco sostuvo que su tarea se limitó al asesoramiento y que desconocía el origen ilícito de los fondos, señalando que su vínculo con Báez se inició a través del contador Daniel Pérez Gadín.

En las últimas horas, la Cámara Federal de Casación también rechazó una apelación presentada por Martín Báez, hijo del empresario, quien buscaba suspender el decomiso de bienes al alegar que algunas propiedades fueron adquiridas antes de los hechos investigados. El fallo de Casación refuerza la postura judicial en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, y marca un precedente en la aplicación de sanciones económicas en causas de alto perfil.